Vehículos que incumplan el Pico y Placa en Quito no serán retenidos

El Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza reformatoria del pico y placa que rige en Quito. Ahora los vehículos que sean detenidos por incumplir la restricción de tránsito ya no serán trasladados al Centro de Retención Vehicular (RTV) del Distrito Metropolitano. Sin embargo, las sanciones económicas seguirán vigentes.

La aprobación de la reforma tuvo apoyo unánime del Concejo. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aclaró que esta modificación de la ordenanza no elimina la restricción pico y placa sino que la fortalece. «Representa un alivio para los ciudadanos, porque no se retendrá el vehículo, pero la normativa seguirá en vigencia”, aclaró el Burgomaestre.

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La presidenta de la Comisión de Movilidad del Concejo, Fernanda Racines, explicó el objetivo de la reforma. Para ella es clave evitar que los vehículos de los ciudadanos que infringen la medida sean trasladados a los patios de retención.

En su lugar, los infractores ahora solo deberán pagar la multa correspondiente. “Esta normativa beneficia a la ciudadanía. Movilizar un vehículo infractor en una grúa cuesta entre USD 50 y 70. Además del valor de la multa”, explicó la edil Racines.

Las sanciones económicas vigentes por incumplir la restricción del pico y placa son del 15% de un Salario Básico Unificado (SBU) en la primera infracción. Luego, aumenta al 30% del SBU en la segunda infracción y el 50% del SBU en caso de reincidencia por tercera vez.

Según las intervenciones de los ediles, el traslado de los vehículos generaban más gastos que ingresos para la municipalidad. La concejala Cristina López, proponente de la reforma, señaló que su aplicación busca optimizar la operatividad y reducir procesos administrativos en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). También mejorar la percepción de los ciudadanos.

López fue clara en los valores que se tenían en la discusión técnica. El costo de la retención vehicular ascendía a USD 103.31, mientras que la multa era de USD 69. Esto implicaba que el Municipio gastaba más en el procedimiento que lo que recaudaba por la infracción”, explicó López.

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