Actualizado 12:00
Redacción Teleamazonas.com |
El conjuez Marco Aguirre declaró la validez del caso denominado Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga el delito de peculado, cuya audiencia fue reinstalada este lunes 10 de marzo de 2025.
En una audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Aguirre apuntó que no existen vicios de nulidad en el proceso. Se avanzará a la etapa de formulación de cargos en contra de los procesados.
Entre ellos resaltan el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro de Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, Walter Solís.
La defensa alegó que el proceso se había extendido por más tiempo del permitido en la etapa de investigación previa e instrucción fiscal. También hubo denuncias de violaciones a los derechos de la defensa.
Aguirre desestimó los 17 pedidos de nulidad y el proceso fue declarado válido. Pero también dispuso que la Fiscalía investigue la supuesta tortura sufrida por Glas en su detención en la Embajada de México en Quito, el 5 de abril de 2024, según su propia denuncia.
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La decisión del Conjuez se dio a conocer tras 80 días de deliberación. Nueve personas son señaladas por peculado en medio de una de las tragedias más grandes que ha enfrentado el Ecuador.
La Fiscalía deberá formular cargos contra el exvicepresidente Glas. Aunque su defensa alegó que se le aplique el artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este se establece que una persona con trastorno mental es inimputable y debe ser internada en un centro psiquiátrico, y no en una prisión.
Investigación caso Reconstrucción
En esta causa, Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas. Se trata de contratistas y fiscalizadores de contratos en el marco de la emergencia por el terremoto de Manabí del 16 de abril de 2016.
Tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas, mediante el Decreto Ejecutivo 1004 se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que estuvo presidido por Jorge Glas.
Además, el 20 de mayo de 2016 se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto.
“El propósito era recaudar contribuciones solidarias que permitieran la planificación, construcción, reconstrucción de la infraestructura pública y privada, y la reactivación productiva”, señaló Fiscalía.
Por esta Ley, entre 2016 y 2020, se recaudaron 1.614’348.387,20 dólares. Este dinero, que fue descontado directamente de la remuneración de los servidores públicos y trabajadores privados, tenía como finalidad ser usado para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto.
La Fiscalía General recopiló información de 584 proyectos priorizados por el Comité para la Reconstrucción y que fueron ejecutados por entidades como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Inmobiliar y Secob, por más de 367 millones de dólares.
Tras esta investigación, Fiscalía determinó que estas obras “no tienen relación con el objetivo de la Ley de Solidaridad, pues no se ajustaban al contexto de la emergencia”.
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