Actualizado 13:30
Redacción Teleamazonas.com |
«¿Qué más debemos hacer? ¿Arrodillarnos como aquella madre en Cuenca, suplicando por la vida de su hija o ver a un hijo suplicando por la vida de sus padres? Jamás me gustaría ver a mi madre arrodillada solicitando clemencia para poder seguir viviendo«. Con estas palabras, Gabriela Álvaro, paciente renal, pidió a la Asamblea Nacional que intervenga para que el Estado ecuatoriano cumpla con el pago a las dializadoras del país.
Gabriela es una mantense radicada en Quito desde hace 13 años. El miércoles 5 de febrero del 2025 se dirigió a los asambleístas en el marco del tratamiento de un proyecto de Ley relacionado con la salud renal y nefroprevención.
La mujer fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica terminal etapa 5 en agosto del 2016 y desde ese momento la derivaron a una clínica de diálisis. Su tratamiento no solo ha sido complicado sino que, además, ha vivido inconvenientes por la falta de pago a estos centros.
«Mi presencia no es con ningún fin político. Soy parte de un grupo extremadamente vulnerable, afectado por las enfermedades catastróficas que demandan atención y cuidados constantes», dijo Álvaro en el Pleno del Legislativo.
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Durante su intervención, la paciente renal recalcó que en febrero del 2024, la mayoría de dializadoras suspendieron por completo los servicios de alimentación y transporte. Esa situación complicó la movilidad de los pacientes de escasos recursos económicos, sobre todo de los adultos mayores.
«Antes acudían los pacientes tres veces por semana, hoy dos o una vez. Cambios que a largo plazo serán notorios en el estado de salud«, puntualizó.
También, Gabriela Álvaro cuestionó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) decidieran evaluar el servicio de las clínicas de diálisis. «Con qué calidad moral se atreven a evaluar a las dializadoras para preguntarnos si están cumpliendo con sus deberes, si ellos, Ministerio de Salud, adeuda 180 millones de dólares e IESS, que adeuda 90 millones de dólares, son los primeros en fallarnos a los pacientes renales», enfatizó.
‘Tengan empatía por nosotros’
«Ya perdí la cuenta de las veces que hemos realizado plantones exigiendo el pago de la millonaria deuda. ¿Cómo le explico a la insuficiencia renal que no me mate? ¿Cómo yo le digo espérame porque hoy no voy a tener diálisis? ¿Cómo le pido a mi cuerpo que no me intoxique con el potasio que es algo letal para nosotros?», señaló entre lágrimas.
En este sentido, la paciente aseveró que la atención en esta área de los hospitales públicos «es un completo desastre«. Por ello, recalcó que el gasto mensual que involucra las diálisis por paciente es de 1 140 dólares; y que jubilados o pacientes no pueden cubrir el gasto.
«Estoy aquí en representación de 24 000 compañeros de lucha. Muchos de ellos conectados en estos momentos a sus máquinas soportando calambres y dolores de cabeza; pensando en si les alcanzará el dinero para comprar sus medicamentos. Estoy aquí también porque soy empática con el trabajo de las dializadoras, porque son los que palpan todos los días como nuestros brazos son pinchados con enormes agujas», dijo Gabriela.
La paciente renal también cuestionó a la Corte Constitucional por anular la sentencia a favor de las dializadoras en 2020 y la falta de acciones de la Asamblea Nacional. «Antes de crear una ley que proteja la salud renal, primero defiendan la salud renal. Por favor, tengan empatía por nosotros (…) Podrán ir a sus casas y descansar tranquilamente, mientras nosotros, los pacientes renales, descansaremos en paz«.
Finalmente, suplicó que la intervención sea inmediata porque su salud se deteriora constantemente. A eso se suma el ultimátum de varias dializadoras que han informado que el 15 de febrero suspenderán los tratamientos de hemodiálisis en Pichincha.
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Ministerio de Salud de Ecuador anuncia acuerdo de pago con dializadoras, ¿fechas? https://t.co/VlSpX2nS9j pic.twitter.com/zQvtoOR54B
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