El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó, el viernes 13 de septiembre del 2024, la recusación planteada contra el juez que debía dirimir la demanda por presunta violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros integrantes de su Gobierno.
En una resolución, el TCE retiró de la causa al juez Fernando Muñoz por las declaraciones realizadas en medios de comunicación donde denunciaba que su destitución como presidente de esta corte electoral obedecía presuntamente a una intención del Gobierno por controlar ese órgano de cara a las próximas elecciones de 2025.
De acuerdo con el TCE, las declaraciones de Muñoz «denotan su disgusto, inconformidad, malestar; y, sobre todo, el descontento que mantiene con el Gobierno de Daniel Noboa».
«El mencionado juzgador deja entender que la Función Ejecutiva contribuyó a su remoción como presidente del Tribunal Contencioso Electoral, buscando tornarse el control de dicha entidad pública», concluyó.
La recusación fue planteada por la asesora presidencial, Diana Jácome, quien se encuentra entre las personas acusadas por presunta violencia política de género. Sin embargo, ella respondió con una contrademanda bajo los mismos cargos contra la vicepresidenta Abad.
Esta recusación implica que ahora se deberá designar a un nuevo juez para que tramite la denuncia presentada por Abad contra el Primer Mandatario.
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Abad mantiene un enfrentamiento abierto con el presidente Noboa. El distanciamiento entre Noboa y la Vicepresidenta comenzó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraodinarias de 2023.
Luego del triunfo de Noboa, una de sus primeras decisiones fue designar a Abad como embajadora de paz en Israel, con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.
En distintas declaraciones públicas, la vicepresidenta ha acusado a Noboa de un supuesto hostigamiento contra ella para forzarla a dimitir y así evitar que ella asuma las funciones presidenciales de manera temporal cuando el mandatario participe en la campaña electoral de las elecciones de 2025, donde buscará su reelección.
Algunos miembros de la administración de Noboa como el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, han llegado a decir que «sería nefasto» que Abad asumiese temporalmente las funciones presidenciales.
Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a relucir el presunto caso de corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.
La Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad a Abad para imputarla también en este caso, pero el pedido fue rechazado por el pleno de la Asamblea Nacional. EFE
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