El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó el martes 6 de septiembre del 2022 al Consejo Nacional Electoral (CNE) que en el plazo de 15 días valide las firmas de respaldo recolectadas por Yasunidos para convocar a una consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador.
A través de la sentencia 888-2019, el TCE, máximo organismo de control electoral, aceptó el recurso planteado por Yasunidos. El grupo ambientalista señaló que la resolución pone fin a la «sistemática vulneración de derechos» y al «fraude» cometido por el CNE durante estos últimos ocho años.
El caso se remonta al régimen de Correa
En 2014, durante el régimen de Rafael Correa, Yasunidos entregó al CNE más de 800 000 firmas de respaldo para impulsar una consulta a los ecuatorianos, en la cual se preguntaría a la gente si está de acuerdo con dejar bajo tierra las reservas de crudo descubiertas en el llamado eje ITT del Yasuní.
La consulta intentaba proteger a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, tagaeri y taromenane. No obstante, desde el gobierno de Correa se han efectuado operaciones de extracción de crudo, bajo el argumento de hacerlo con la mayor responsabilidad ambiental posible.
El abogado Pablo Piedra, que ha patrocinado la causa, indicó que la decisión del TCE es sumamente importante en un momento en que la humanidad va tomando conciencia sobre la importancia de proteger el planeta.
Según Piedra, en su momento se presentaron firmas más allá de las requeridas para el proceso de consulta, aunque las autoridades de las diferentes administraciones las objetaron.
Ahora, el TCE ha dado la razón a los ambientalistas y ha pedido que se validen las firmas, se reanude el proceso y que la consulta de Yasunidos se envíe al Tribunal Constitucional para la calificación de la pregunta.
«¿Está de acuerdo o no en mantener el petróleo de los Bloques 31 y 43 del Yasuní-ITT bajo el subsuelo?», es la pregunta de la consulta popular que podría coincidir con las elecciones municipales y provinciales de febrero del 2023, señaló Piedra.
Los pueblos en aislamiento voluntario
Piedra recordó que este caso está relacionado con otro sobre protección de derechos de pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane) que habitan dentro del Yasuní, y que está pendiente de sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Piedra, tras comentar sobre la serie de vulneraciones que ha sufrido la propuesta ambientalista, no dudó en señalar que podrían surgir posiciones de poder para intentar frenar nuevamente la consulta, aunque dijo que la resolución del Tribunal es contundente.
Si la consulta popular aprueba que el petróleo del Yasuní permanezca bajo tierra, entonces «el Estado ecuatoriano debe cumplir» sin atenuantes esa decisión, pese a que ya ha hecho inversiones petroleras en el Bloque 31, agregó Piedra.
«Lo que se busca es proteger la biodiversidad de este parque que ya ha sido sometido a una destrucción» con la construcción de carreteras, plataformas y otras obras petroleras, añadió el letrado.
La importancia de esta consulta, para Piedra, «va mucho más allá del interés económico que pueda haber», pues aseguró que los seres humanos «estamos en medio de una de las mayores crisis climáticas mundiales».