La Sala Especializada de lo Civil de Azuay ordenó este lunes 28 de agosto de 2023 la suspensión de las actividades mineras en la zona de Quimsacocha, una región de páramos andinos considerada como reserva hidrológica y que ha sido defendida desde hace años por grupos ecologistas e indígenas.
El excandiato presidencial y activista ambiental Yaku Pérez reveló el dictamen del tribunal y aseguró que la justicia ha declarado la vulneración del derecho a una consulta previa, libre e informada en las poblaciones en riesgo por la actividad minera en la zona de Quimsacocha.
Una concesión minera conocida como Loma Larga intenta entrar en la región, pero activistas y grupos indígenas del lugar se han opuesto asegurando que hay riesgo de contaminación de fuentes de agua que abastecen a amplias zonas del sur andino del país, incluida la ciudad de Cuenca.
«Al final del túnel brilla la justicia», escribió Pérez en su cuenta de la red X y explicó que una sala judicial dictó una sentencia que «declara la vulneración de los derechos a consulta previa y consulta ambiental» en la zona de Quimsacocha.
Al final del túnel brilla la justicia.
— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) August 29, 2023
La Sala Especializada de lo Civil del #Azuay dicta sentencia que declara la vulneración de los derechos a consulta previa y consulta ambiental, en consecuencia dispone suspender toda actividad minera en #Kimsakocha, ninguna lucha es… pic.twitter.com/PjCj3hk036
Lea también:
- Gobierno de Ecuador dice que respetará el Sí al Yasuní ITT
- ¿Qué implica la victoria del ‘Sí’ en la consulta popular por el Yasuní?
La sentencia, que es de segunda instancia, «dispone suspender toda actividad minera en Kimsakocha», agregó el excandiato presidencial, tras apostillar que «ninguna lucha es estéril».
El tribunal ha solicitado al Ministerio de Ambiente un informe sobre la sustentabilidad del proyecto, además de un estudio sobre la riqueza natural de la zona, flora y fauna y la condición de reserva hídrica y de humedales.
También precisa que debe efectuarse la «consulta previa, libre e informada», como lo establece la normativa, y otra «consulta ambiental», que debe existir antes de que el Gobierno otorgue cualquier tipo de licencia para la continuidad del proyecto minero.
El Tribunal ordenó la intervención de la Defensoría del Pueblo en el proceso y le pidió que emita un informe detallado dirigido a la autoridad judicial en un plazo de 45 días.
También en Teleamazonas:
#Opción2023 | El Sí se impone en la consulta popular sobre el #Yasuní. Si la tendencia se mantiene, el petróleo se quedará bajo tierra en el ITT. ¿Cifras? https://t.co/9olYY8NwCx pic.twitter.com/TbIlzBNkFD
— Teleamazonas (@teleamazonasec) August 21, 2023