La Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador, integrada por más de medio centenar de grupos de la sociedad civil, exigió este lunes 11 de marzo de 2024 al Gobierno un reglamento sobre transporte terrestre que permita bajar el alto nivel de mortalidad por siniestros en el país.
Ese colectivo aseguró en un comunicado que solo en 2023 se registraron 20 994 siniestros de tráfico a escala nacional, una cifra que si bien fue menor a los 21 739 reportados en 2022, supuso un aumento anual del 8% en el número de fallecidos, hasta llegar a los 2 373 decesos por esa causa.
El promedio mensual de muertos por siniestros viales en 2023 fue de 198, lo que representó un aumento medio de 14 en comparación de las estadísticas de 2022, añadió el colectivo que tomó como base los registros de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Según la fuente, las principales causas de los siniestros de tránsito en el país son el exceso de velocidad (46%), distracción (22%) y ebriedad (7%).
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Ante esas cifras, la Coalición por la Movilidad exigió al Gobierno nacional que emita un reglamento para que se pueda aplicar la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, un documento que debía haber sido aplicado desde hace dos años.
«Exigimos al Ejecutivo que asuma su responsabilidad y emita de forma urgente el reglamento«, exclamó Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador.
Y afirmó que «dos años después del vencimiento del plazo para expedir el reglamento de la ley, este hecho es un riesgo inaceptable para la seguridad vial» en el país.
Sugerencias aportadas
Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tándem, que forma parte del colectivo, recordó que todos los grupos comprometidos con la seguridad vial en el país han aportado sugerencias para que las autoridades emitan el reglamento a la ley del sector, pero se lamentó de que ello no haya ocurrido.
«En repetidas ocasiones hemos ofrecido sugerencias y observaciones respaldadas por criterios técnicos, con el objetivo de que el próximo reglamento que será emitido verdaderamente contemple disposiciones destinadas a salvar vidas y fomentar la movilidad sostenible«, añadió.
Paola Carvajal, directora de la Fundación Movidana, explicó por su parte que las propuestas que el colectivo ha presentado a las autoridades se sustentan en normas y estándares internacionales como los de ‘Visión Cero’, ‘Enfoque de Sistema Seguro’ y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
«Nos encontramos a contrarreloj», ya que la «falta de políticas públicas y reglas claras está cobrando vidas en las vías», agregó Carvajal.
Abordar riesgos
Para Juan Pablo Rosales, representante de la Asociación de Peatones Quito, las cifras sobre siniestralidad vial en el país tornan urgente la necesidad de contar con un reglamento que aborde de manera efectiva los riesgos de seguridad en calles y carreteras.
Los aportes del colectivo se dirigen especialmente a que se incorporen «políticas públicas que aborden el exceso de velocidad, el uso obligado de cinturones de seguridad para todos los ocupantes del vehículo y el control de vehículos de micromovilidad, entre otros aspectos», añadió Rosales.
El colectivo informó de que entre los aportes que han sugerido se incluyen también la escala de 0,3 gramos por litro de alcohol en la sangre para conductores en general. Y de 0,1 gramos por litro para chóferes de transporte público y comercial.
También ajustar los límites de velocidad, prohibir los giros a la derecha con semáforos en rojo, impulsar normas para el uso de la bicicleta. Además, fomentar el uso de cinturones de seguridad para todos los ocupantes del vehículo y sistemas de retención infantil, entre otros.
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