Un juez español aprecia «indicios suficientes» de que la cantante colombiana Shakira defraudó 14,5 millones de euros (17 millones de dólares) a Hacienda al simular que no residía en España y ocultar su renta por medio de un entramado societario en paraísos fiscales de 2012 a 2014.
En un auto judicial, al que EFE tuvo acceso este miércoles, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona (noreste español) considera que hay señales de «criminalidad» para continuar el procedimiento contra la artista y que el caso se dirima en un juicio.
Seis delitos contra la Hacienda pública
El proceso penal deriva de una querella de la Fiscalía española, que la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública.
Shakira ya ha pagado los 14,5 millones que la Agencia Tributaria española le exigía, más otros tres como intereses, por un supuesto fraude fiscal cometido entre esos años.
El juez detalla que, de las diligencias practicadas, se deduce que la cantante habría dejado de tributar en España durante esos tres años, «pese a tener la obligación de hacerlo por tener aquí su residencia fiscal».
Argumenta que Shakira tenía la condición de «obligada tributaria» ante la Hacienda española porque residió en el país más de los 183 días anuales que marca la ley española y el tiempo que estuvo fuera era «ausencias esporádicas».
El auto también deja a las puertas de juicio al asesor fiscal de Shakira por colaborar presuntamente en el entramado societario «erigido para eludir el pago de obligaciones tributarias».
Usaron sociedades mercantiles
Según el juez, los querellados utilizaron una serie de sociedades mercantiles «como titulares de las rentas y el patrimonio» de la cantante colombiana.
El magistrado recuerda que este no es el momento procesal para «resolver la culpabilidad o la inocencia«, sino para «verificar si la acusación cursada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas -Agencia Tributaria y gobierno regional de Cataluña- presentan suficiente fundamento».
Y concluye que los documentos que acompañan la querella de la Fiscalía y la prueba pericial de la Agencia Tributaria constituyen «indicios suficientes de criminalidad».
Por el contrario, los peritos designados por la defensa de Shakira mantienen que la cantante disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que, hasta 2015, su presencia en España no superó los 183 días anuales que la obligaba a tributar en este país.
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EFE