El vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios (Asorsepen), Carlos Ordóñez Salas y el abogado de la asociación, Diego Pozo, dieron declaraciones sobre una acción constitucional en contra del Director Nacional de la SNAI, Luis Zaldumbide.
Pozo, lamentó los videos que se han viralizado en redes sociales, sin especificar su veracidad, donde se observa que detenidos atentan contra la integridad física y psicológica de los servidores penitenciarios.
El abogado señaló que el SNAI no ha hecho pública la nómina de las personas que están retenidas en las cárceles y esto afecta a las familias que viven en zozobra por su retención.
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Pedido al Estado
Pozo argumentó que el Estado ecuatoriano esta en la obligación de garantizar la vida de los Servidores Penitenciarios hoy secuestrados por los privados de la libertad y ante ello presentaron una acción constitucional para asegurar que el SNAI garantice la integridad física, psicológica y sexual de cada uno de los servidores públicos de las cárceles.
Además, denunció la falta de recursos económicos denunciados por el mismo Ministerio de Trabajo, donde califica a los puestos de trabajo de penoso, tóxico e insalubre y tildó de abandono total a los servidores penitenciarios.
Dijo, que desde hace cuatro años, no se los provee de uniformes, equipamientos, chalecos, cascos, escudos, gas, equipos de comunicación que permita el ejercicio de sus labores.
Por su parte, Ordóñez dijo que lo que sucede en el interior de las cárceles es preocupante e indignante y denunció que como cuerpo de vigilancia penitenciaria han vivido cambios constantemente entre varias instituciones que no han sabido como manejar el sistema penitenciario.
Ordoñez, denunció que en estos tres días de declaratoria de estado de excepción y guerra, sus compañeros guías penitenciarios siguen retenidos y sin alimentos sin que al Estado le importe, aseguró.
Tildó de indolente al Estado y dijo que espera que el Ejecutivo y Legislativo reaccionen y mejoren la seguridad de sus miembros.