Se cuestiona la acción de Contraloría en la emisión de glosas por montos mínimos y, para lo cual, moviliza gran cantidad de recursos. La consencuencia estaría en un estado que no camina, que no funciona, que se estanca.
La Contraloría General del Estado emprende miles de procesos cuyo trámite resulta insólito e ineficaz. Para los integrantes de Gobernanza EC, expertos del derecho público, esta acción retrasa el funcionamiento normal del Estado.
«Esto deriva en posibles consecuencias administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios que están involucrados en los procesos y eso se detiene. No sólo se refleja con estos pequeños y absurdos procedimientos (…) genera un temor generalizado en la función pública de emitir políticas o actuar», señala Diego Cevalloz de Gobernanza EC.
Entre los miles de casos se encuentra una supuesta inconsistencia de una factura de 66,50 dólares por movilización y alimentación de un funcionario público; y también un título de crédito subsidiario por 59 dólares para un funcionario y seis personas en calidad de responsables subsidiarios.
El dirigente de los servidores públicos, Miguel García, calcula que este tipo de glosas enfrentan no menos de unos 50 000 servidores. «Eso implicó un equipo de 12 personas para que identifique que se ha producido un desfase de 60 dólares», añade.
Esto apenas es una muestra de varias acciones que lleva adelante la Contraloría, movilizando recursos y obligando a los glosados a presentar descargos y hasta contratar abogados para enfrentar muchas veces auditorías carentes de criterio.
Más detalles en el siguiente video:
