En agosto de 2022, una jueza de Guayaquil llamó a juicio a Betty Soria, una psicóloga de un hospital público de la ciudad. Meses antes, Soria escribió un informe en el que concluía que una de sus pacientes, una niña de 12 años, era víctima de violencia sexual por parte de su padre.
La mamá de la niña usó el informe de Soria para denunciar al agresor y así lograr justicia para su hija. Sin embargo, ahora ambas mujeres enfrentan un proceso penal por supuesta falsificación de documentos. Esto, debido a que el padre de la víctima las denunció y alegó que el informe es falso.
El caso ha indignado a organizaciones de mujeres por el precedente equivocado que podría dejar. Según el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), las psicólogas y otros profesionales de salud mental son, muchas veces, “la primera línea contra la violencia psicológica y sexual”.
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¿Qué dice la ley?
Mayra Tirira, coordinadora de acciones legales de la organización Surkuna, dice que no está mal que los psicólogos denuncien casos de cualquier tipo de violencia. En el caso de niños y niñas que son víctimas de violencia hay dos leyes que estipulan el deber de los ciudadanos de denunciar: el Código de la Niñez y el Código Integral Penal (COIP), señala.
El Código de la Niñez dice que los establecimientos de salud públicos o privados “están obligados a informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes los casos o niños, niñas o adolescentes con indicios de maltrato o abuso sexual”.
No hacerlo, dice el COIP, constituye omisión de denuncia en razón de la profesión y es un delito. La ley dice que si un profesional de la salud conoce de hechos que son un delito contra la integridad física, psicológica, sexual y reproductiva y no los denuncia será sancionado con prisión de dos a seis meses.
Si esa omisión ocurre en casos de delitos contra la integridad física, psicológica o sexual de niños, niñas y adolescentes, el COIP dice que “se aplicará el máximo de la pena aumentada en un tercio”. Además, la ley dice que “no se podrá alegar secreto profesional y objeción de conciencia para justificar la falta de denuncia”.
Caso de Betty Soria
En el caso particular de la psicóloga Betty Soria había, incluso, una obligación mayor. Ella trabajaba en un hospital público cuando atendió a la víctima, por lo que debía llenar un formulario obligatorio de notificación de casos de presunta violencia de género.
Tirira opina que, a pesar de no conocer a profundidad este caso, está segura que la psicóloga hizo bien al denunciar. En su experiencia como abogada, el proceso que se lleva adelante contra la profesional de la salud mental y la mamá de la víctima debería archivarse.
Si el caso continuara y el juez a cargo fallara contra Soria, se sentaría un precedente negativo, sostiene Tirira. Mientras, Andrea Oña, psicóloga del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) en Quito, dice que no solo los psicólogos podrían limitarse a hacer denuncias sino que, además, las víctimas podrían sentirse menos motivadas a hablar con sus terapeutas o psicólogos de sus experiencias violentas.
¿Cuál es el protocolo?
No existe un protocolo universal que los psicólogos puedan seguir para denunciar un caso de violencia sexual, señala Oña. La funcionaria del Cepam, indica que cuando llega una víctima de violencia a esa organización, el protocolo es guiarla a ella o a sus cuidadores inmediatos para que hagan la respectiva denuncia. Pero puede haber diferentes procedimientos, según el profesional o la organización. Lo esencial y más importante es que siempre se denuncie.
Oña dice que al ser parte de una institución, las psicólogas se pueden proteger o recibir apoyo en este tipo de casos. La profesional explica, por ejemplo, que en su consulta independiente no atiende casos de violencia o abuso sexual «porque estar en una institución sí ayuda”.
Además recomienda que, en el caso de tener una víctima de violencia, una forma de ampararse puede ser a través de la realización de un informe interdisciplinario. Para eso es necesario que se involucre un trabajador social que evalúe el entorno de la víctima y dé sus conclusiones. Este informe, explica Oña, da mucho más respaldo y sustento.