Indemnizaciones, archivo de sumarios administrativos, apropiación de terrenos y remodelaciones en la Corte Provincial de Justicia de Guayas son algunos de las causas que se beneficiaron los involucrados en el caso Purga.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía General del Estado detalló las circunstancias en que 9 de los 12 implicados en esta red de corrupción obtuvieron fallos en su beneficio o favorecer a criminales, como Adolfo Macias Villamar, alias ‘Fito’.
Indemnización del Banco del Pacífico
Pablo Muentes, exasambleísta entre 2021 y 2023, a través de sus acciones reñidas con la Ley habría controlado la administración de justicia en Guayas en beneficio de sus intereses y sería uno de los cabecillas de la organización delictiva que investiga el caso Purga, aseguró la Fiscalía.
El legislador sería quien habría contratado a Mayra Salazar, procesada por el caso Metástasis, por pedido de Gallardo. El objetivo era que Salazar trabaje en el área de comunicación para ganar la Presidencia de la Corte de Justicia de Guayas.
Además, los honorarios de Salazar, que tenía voz y voto en las decisiones judiciales de la Corte, se habrían pactado en el domicilio del exasambleísta. En total, la publicista recibiría 2 500 dólares mensuales y en efectivo.
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Producto de su intervención en la justicia, Muentes y su esposa, Mónica Avelina A., se beneficiaron de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi 4 millones de dólares del Banco del Pacífico por «daños causados».
Un indemnización que se logró por un habeas data contra la institución bancaria, cuyo fallo a favor se dio por el juez Reinaldo C. En este proceso se justificaron el pago de préstamos recibidos en 1989 y 1999, utilizando documentos de pago falsos y adulterados.
Fallos a cambio de cargos
Producto de estas irregularidades se iniciaron otros procesos, en los que intervinieron los jueces de lo civil, Nelson P. y Ramos L. Ambos eran parte del Tribunal Provincial que conoció el juicio por la presentación de documentos falsos.
Nelson P. y Ramos L, votaron a favor para que se rechazara el recurso presentado por el Banco del Pacífico y continuaron beneficiando al exasambleísta. Y a cambio de estas resoluciones, Ramos L, habría solicitado un cargo para su hijo.
También, por esta red el primo de Muentes, Fausto Alfonso A. G., se benefició de una habeas data que le permitió apropiarse de un terreno en Durán, valorado en 200 000 dólares sin ningún soporte documental que legitime su compra.
Millonario contrato, archivo de sumarios y fallo para ‘Fito’
Luego de ganar las elecciones de la Corte Provincial de Guayas en 2022, Fabiola Gallardo habría controlado las acciones judiciales y administrativas para favorecerse y beneficiar a terceros.
Uno de los casos en donde intervino es la acción de protección con medida cautelar presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Pública de Movilidad y Obras de Quito por un contrato de repavimentación de 30 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, Gallardo falló a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de la remodelación del piso del salón de la presidencia de la Corte. En cuya obra, Mayra Salazar se encargó de pagar 1 400 dólares.
Y en otra de sus intervenciones habría accedido a un cambio administrativo por pedido del examsableísta Pablo Muentes para favorecer sus intereses. Se refiere a Ramos L., quien aceptó colaborar con la cúpula militar y falló a favor del exlegislador en un juicio por falsedad de recurso privado.
En este proceso judicial se involucró a Henry T, quien conoció la demanda de acción de protección con medida cautelar del Cuerpo de Ingenieros. Y pese a que esta acción fue negada anteriormente, él junto a otros dos magistrados fallaron a su favor.
Además, Ruth S. procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército sería quien pagó 1 400 dólares a esta red para cancelar la mano de obra de la remodelación del salón de la Presidencia de la Corte.
Gallardo también se habría beneficiado del archivo de cuatro sumarios administrativos por la intervención política de Muentes, a través de Mercedes V, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, y su asesor Saúl M.
Y, de acuerdo con la indagación, la expresidenta de la Corte habría intentado comunicarse con alias ‘Fito’ para obtener un beneficio económico a cambio de su fallo a favor en el proceso para que el narcotraficante regrese a la cárcel La Roca.
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