Ricardo Vanegas: Quienes no saben qué es peculado pueden poner en el papel cualquier cosa

Ricardo Vanegas expuso en el espacio de entrevistas de Teleamazonas, este jueves 13 de abril del 2023, los nuevos elementos en torno al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que se desarrolla en la Asamblea Nacional.

Vanegas resalta que a la Comisión de Fiscalización llegó una respuesta de parte de Flopec en la que se señala que no se ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos y el que está vigente es el firmado el 1 de diciembre del 2020. Esto, para el asambleísta significa que el argumento que sostienen los interpelantes de la supuesta renovación del contrato se queda sin fundamento.

El asambleísta sostiene que el informe de la Contraloría del 21 de noviembre del 2021 en ningún momento recomendó la terminación unilateral del contrato, porque no tenía responsabilidad penal sino solamente civil y administrativa. También, señala que la Contraloría como órgano de control no puede recomendar la terminación de contrato.

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Además Vanegas sostiene que lo que se recomendó en aquel momento es que haya una renegociación del contrato porque las tarifas de los fletes que existían desde el año 2010 al 2020 eran perjudiciales para el Estado ecuatoriano.

Sobre el fallo de la Corte Constitucional

El asambleísta Vanegas recuerda que el fallo de la Corte Constitucional es muy claro y les advierte a los legisladores que solo se puede juzgar a Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado en lo relacionado a Amazonas Tanker y Flopec.  

«Si al Presidente lo quieren juzgar por otros temas como seguridad, salud, etc., se estaría violando la Constitución y el debido proceso, que ya la Corte les advirtió que no lo pueden hacer. Si lo hacen les sucederá lo mismo que les pasó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social».

Fernando Villavicencio ha advertido a la Corte que los interpelantes están queriendo violar el debido procedimiento en este juicio político, enfatizó Vanegas. También sostiene que a la Corte le corresponde hacer el seguimiento del cumplimiento de su sentencia en forma integral.

Además asegura que el problema radica en que los asambleístas interpelantes desconocen el procedimiento en una sustanciación de un juicio político.

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