El constitucionalista Rafael Oyarte explicó los aspectos legales que se deberían tomar en cuenta para seguir un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este lunes 6 de marzo del 2023, sostuvo que el informe aprobado por la Asamblea es malo y no servirá para presentarlo como acusación ante la Corte Constitucional.
El abogado indicó que para iniciar el enjuiciamiento a Lasso se requiere una acusación constitucional que se ajuste a múltiples requerimientos. Entre ellos, el respaldo de los asambleístas y la imputación de ciertos hechos al Presidente.
Además, recordó que el juicio político a un Primer Mandatario, según la Constitución, es muy restringido y solo puede darse por tres causales: delitos contra la seguridad del Estado; delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. También por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Por ello, cuestionó la normativa, ya que, a su parecer, está elaborada con cierta conveniencia para blindar a los presidente y contiene varios aspectos legales que deberían ser analizados. Asimismo, Oyarte indicó que existe un claro desconocimiento de las leyes por parte de los integrantes de la comisión ocasional que elaboraron el informe.
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Respecto a la posibilidad de que el mandatario sea destituido por «incapacidad física o mental permanente«, Oyarte indicó que el proceso no es fácil y tendría que contar con un respaldo científico de varios expertos.
Oyarte manifestó que para que esto ocurra se requiere la certificación unánime de un comité médico integrado por una terna del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Federación de Facultades de Medicina. Todos deberán elaborar un informe que certifique que hay una discapacidad física o mental y que es permanente. Y deberá ser unánime, caso contrario, la destitución por esta causa no será viable.
Finalmente, aseguró que el informe solo fue un instrumento para medir fuerzas políticas y la reacción del mandatario. Es decir que, hasta el momento, no ha ocurrido nada relevante, ya que todo se definirá en el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Este organismo verificará que la imputación formulada al jefe de Estado sea equivalente a lo que se le acusa y que los hechos la sustenten.
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