En Quito toda la publicidad electoral es ilegal y no cuenta con permisos

Por Patricia Armijo B. |

Las calles de Quito lucen llenas de publicidad electoral en paredes, postes y espacios públicos, en medio de las elecciones anticipadas. Para colocarla, los partidos y movimientos políticos debían obtener un permiso de cada Administración Zonal.

Sin embargo, Lira Villalva, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), confirmó a Teleamazonas que ninguno obtuvo dicha autorización. Por ello, deben retirarla de manera inmediata de la ciudad.

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Las elecciones anticipadas continúan con el paso paso a una segunda vuelta electoral, prevista para el 15 de octubre. Dos presidenciables, Luisa González y Daniel Noboa, se enfrentarán en las urnas por lleghar a Carondelet.

Pero la capital aún luce llena de propaganda y afiches de todo tipo. Villalva señala que se han enviado cartas a las organizaciones políticas, exhortándolas a retirar el material publicitario.

Al no haber tenido respuesta, se alista la notificación a, al menos, una decena de organizaciones y movimientos políticos. El siguiente paso corresponde a la etapa de instrucción, en la que se pueden presentar pruebas de descargo.

Enseguida el caso pasará a la unidad de resolución, donde se determinará la sanción que se aplicará. Y finalmente llega la etapa de ejecución, en la que se emite la orden de pago al infractor.

Controles

Mientras tanto, en la última semana previa a elecciones, la AMC ha intervenido cerca de una veintena de avenidas de Quito. También ha retirado propaganda de puentes y postes.

Villalva dice que las organizaciones estaban en la obligación de solicitar autorización a la administración zonal en donde pretendían colocar la publicidad. Y aún así, «no corresponde a un cheque en blanco para que pongan donde quieran».

Al contrario, cada zonal debía determinar los espacios permitidos para su colocación. En esa decisión se excluye por completo las zonas patrimoniales o turísticas.

La titular de la AMC lamenta que se haya tenido que destinar personal para labores de retiro de publicidad electoral. Y aunque aclara que no está entre sus funciones, «se trata de una responsabilidad con la ciudad».

Sanciones

De acuerdo con los artículos 3 953 y 3 940 del Código Municipal, hay infracciones graves y muy graves. La definición dependerá del sitio donde fue colocada la publicidad o cometida la infracción.

Si se coloca publicidad electoral en la vía pública o se afecta la mampostería de un predio privado, sin autorización del propietario, se trata de una infracción grave. En ese caso se aplica una multa de dos Salarios Básicos Unificados (SBU), es decir, 900 dólares.

En el caso de que esto suceda en sitios declarados patrimoniales, históricos o en zonas turísticas, corresponde a una infracción muy grave. Estas son sancionadas con una multa de cuatro SBU, es decir, 1 800 dólares.

Para los reincidentes de una infracción muy grave la multa asciende a 3 600 dólares, correspondientes a ocho SBU.

Sin embargo, para Villalva se trata de una «responsabilidad moral», más allá de los procesos administrativos que se aplican. Y dice que todas las acciones deberían enfocarse en cuidar la ciudad y evitar su contaminación con el uso excesivo de propaganda electoral no autorizada.

La funcionaria no brindó cifras de sanciones de periodos anteriores. «Han (autoridades anteriores) tenido limitaciones en cuanto a la sanción de organizaciones políticas que argumentan que no puede determinar quién ha colocado o no la publicidad».

Pero señala que según la normativa, la AMC tiene la facultad de responsabilizar a las organizaciones políticas por la colocación de su publicidad. «Es de manera homogénea» que se encuentra en la ciudad y no son casos aislados, insiste.

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