El delito de desaparición forzada es considerado de lesa humanidad. En Ecuador no prescribe, es decir que no se agota el plazo para juzgarlo. Tampoco es susceptible de indulto o amnistía.
La desaparición forzada se configura cuando una persona es detenida ilegalmente por funcionarios del Estado o personas que actúan bajo su mando, sin que se le informe a la familia ni se registre la detención de manera oficial.
Este tipo de crimen está vinculado estrechamente a violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde el derecho a la libertad, la integridad y la seguridad personal de los ciudadanos es vulnerado de manera flagrante.
En Ecuador, la Constitución, en su artículo 66, prohíbe la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles inhumanos o degradantes.
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Asimismo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas severas para los responsables de la desaparición forzada, considerando la gravedad del crimen y la necesidad de sancionar este tipo de violaciones de derechos humanos.
En su artículo 84 fija una pena de prisión de 22 a 26 años. En estos casos, la investigación no se puede concluir hasta que no aparezcan las víctimas o «se cuente con elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente».
Caso Restrepo
Uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en Ecuador es el de los hermanos Restrepo: Carlos Santiago y Pedro Andrés, quienes fueron detenidos y desaparecidos en 1988.
Estos jóvenes de origen colombiano, que residían en Ecuador, fueron detenidos en la ciudad de Quito por agentes del escuadrón de la Policía Nacional (Servicio de Investigación Criminal, SIC-10).
Aunque fueron vistos por última vez bajo custodia de las autoridades, sus familias nunca recibieron información oficial sobre su paradero ni sobre su condición. Durante años, las autoridades negaron cualquier implicación en su desaparición.
La desaparición de los hermanos Restrepo se enmarca dentro de la política represiva de la época, cuando se persiguió a personas vinculadas con movimientos de izquierda y opositores al gobierno de León Febres Cordero.
A lo largo de los años, la lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos ha sido clave para exigir justicia. En el año 2000 se emitió una solución y se llevaron a cabo las medidas de reparación. El Estado ecuatoriano indemnizó a la familia Restrepo y se comprometió a hacer una nueva búsqueda de los cuerpos de los hermanos.
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