Organizaciones y colectivos del pueblo afrodescendiente de Ecuador presentaron una acción de protección contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC), al que acusan de haber cometido un «etnocidio estadístico» en el último censo nacional realizado en 2022.
En ese proceso apenas un 4,8 % de la población figura que se definió como afrodescendiente ante la pregunta de autoidentificación étnica.
Con este recurso legal buscan que no se tomen en cuenta los resultados del censo elaborado por INEC, al considerar que la comunidad afroecuatoriana ha sido subrepresentada con un estimado de 814 000 personal, de un total de más de 17 millones de habitantes a nivel nacional.
Para los líderes de las organizaciones que impulsan la demanda, que cuenta con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), estos datos general una «gran omisión censal» y vulneran diferentes derechos, entre los que destacan el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad y la discriminación, así como la autodeterminación del pueblo afroecuatoriano.
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De acuerdo con el INEC, la población afroecuatoriana descendió en 227 091 personas de 2010 a 2022 pasando de un 7,2 % a un 4,8 % del total de la población, por debajo de los mestizos (77,5 %), indígenas (7,7 %) y montubios (7,7 %).
«Este censo ha hecho desaparecer a nuestro pueblo» reclamó Irma Bautista, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras (Conamune).
«Exigimos que seamos reconocidos, que no se reconozca el resultado del censo 2022 sino el del 2010 hasta que se pueda buscar otra solución» como «un nuevo censo o algo tiene que haber para resarcir este daño que nos están haciendo», explicó.
Por su parte, Sonia Viveros, directora de la Fundación de Desarrollo Social y Cultural Afroecuatoriana Azúcar, instó al director del INEC y al Estado ecuatoriano a reconocer el daño provocado. «Esta demanda de inconstitucionalidad la llevaremos hasta las últimas consecuencias» incluso «hasta instancias internacionales», advirtió.
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