Una propuesta legislativa fue presentada este martes en el Parlamento de Ecuador para reformar la ley de Transporte, Tránsito y Seguridad, a fin de que incluya los servicios de transporte con intermediación de plataformas tecnológicas.
«Queremos que se adapte a la realidad de lo que ya sucede», explicó a Efe Marco Javier Proaño, gerente de operaciones de Cabify en Ecuador, para quien la propuesta busca que «se defina el servicio de transporte particular basado en que tiene que ser exclusivamente adaptado mediante un medio de intermediación tecnológica».
El objetivo es reformar el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial, que a día de hoy no contempla la prestación de servicios de desplazamiento en automóvil a través de plataformas tecnológicas.
Para Proaño, se trata de una medida necesaria, que debe definir las características particulares de un fenómeno que «en la actualidad utilizan con normalidad tanto el socio conductor como el usuario».
De acuerdo al gerente de la empresa española, 85.000 usuarios y 8.000 conductores registrados en la plataforma se benefician del servicio de transporte, si bien la actividad se encuentra en un «limbo», precisamente por esa falta de definición pese a que existe ya la tipificación del servicio particular de transporte en la legislación ecuatoriana.
Según algunas estadísticas, la principal compañía de transporte urbano por aplicación, Uber, que se implantó en Ecuador en 2017, multiplicaría varias veces el número de conductores y usuarios en el país respecto a su principal competidor, Cabify, que inició operaciones en 2016.
El asambleísta Fabricio Villamar, exmiembro de la formación de centro-derecha Creo, recordó en una rueda de prensa previa, que en diciembre se legalizó en una reforma tributaria la prestación de servicios por plataformas y que la nueva propuesta que impulsa tiene el cometido, precisamente, de «establecer cuáles deben ser las características de la prestación de estos servicios», dentro de la Ley de Transporte.
Al hilo del debate que irá afinando ese aspecto, el legislador remarcó que parte de las propuestas versarán sobre «cómo se establecen las características mínimas de la prestación de los servicios».
Opinó que existe un consenso en términos de que el transporte convencional y el desempeñado gracias a aplicaciones móviles no son excluyentes, y que de lo que se trata es de abrir el campo a que las tecnologías sirvan al ecuatoriano, conservando el empleo y mejorando la calidad del servicio.
La premisa fundamental de la que parten los promotores de la reforma es que sea el usuario el que decida en qué se transporta.
Reveló, además, que una de las cuestiones en discusión es si los conductores requerirán o no de una licencia profesional para desempeñar su labor y si fuera tal el caso cuáles deberían ser los mecanismos para su obtención.
Tras la reciente decisión adoptada por Uber de abandonar sus operaciones en Colombia, tras un fallo en primera instancia por competencia desleal, así como la falta de acuerdo con el Gobierno y gremios para legalizar la actividad de las plataformas de transporte, en la región se ha abierto un debate acerca de la urgencia y necesidad de su regulación.
«Desconozco lo que ha sucedido en Colombia, pero creo que estamos convencidos de que Ecuador es un país de oportunidades con miras de desarrollo y aplicación de la tecnología», sostiene Proaño antes de zanjar: «Por eso queremos aportar para poder llegar a la regularización de la Ley de Tránsito». EFE