El recurso de casación en el Caso Sobornos podría significar el último episodio de uno de los juicios más emblemáticos de la corrupción durante la Revolución Ciudadana.
Se trata de una instancia que ofrece pocas probabilidades de revertir una sentencia previamente confirmada.
Los detalles sobre el Caso Sobornos en el siguiente video
El pasado 20 de julio la Fiscalía informó que acogiendo los pedidos de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el Tribunal integrado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán desechó los recursos de apelación presentados por la mayoría de los sentenciados, ratificando la sentencia de primera instancia, que los condenó como culpables del delito de cohecho pasivo propio agravado.
Es decir, se confirmó que 17 de los 20 sentenciados (entre ellos el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y varios exministros) deberán cumplir la sentencia de ocho años de prisión. Pamela Martínez tendrá que pagar la pena atenuada de 38 meses y 12 días, debido a la cooperación eficaz.
El Tribunal de apelación coincidió en el razonamiento de que Rafael Correa y Jorge Glas son culpables en calidad de instigadores.
El resto de exfuncionarios, en calidad de coautores, excepto Laura Terán, considerada cómplice.
Suspensión de derechos políticos
Además, el Tribunal resolvió que la suspensión de derechos políticos de los sentenciados sea por el mismo tiempo de la condena.
En la audiencia, la fiscal Salazar señaló que, durante todo el proceso, los abogados defensores se han limitado a tratar de desviar la responsabilidad de los hechos hacia otras personas. Pero que nunca se negó la tesis de Fiscalía. Es decir, aseguró, que en el tiempo investigado existieron aportes irregulares realizados por empresarios. Esto a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de un movimiento político.
Estos dineros fueron recibidos por altos funcionarios del Gobierno anterior. Además, fueron utilizados en actividades relacionadas con el accionar político del mencionado movimiento y campañas publicitarias, señala la Fiscalía. A cambio, los empresarios fueron favorecidos con contratos con el Estado, utilizando figuras como la del convenio de pago.
Finalmente, para el cumplimiento de la reparación integral, señaló que el pago deberá realizarse en relación a su participación en el delito. Es decir, 778.224 dólares por parte de cada uno de los instigadores, coautores y autores, y 368.632 dólares por cada cómplice.
Con información de https://www.fiscalia.gob.ec/
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— Teleamazonas (@teleamazonasec) August 5, 2020