Una decena de cárceles de Guayas se quedarán sin alimentación para los presos desde el 1 de junio de 2024. La empresa proveedora suspendió el servicio en otras 20 prisiones acusando al Gobierno de falta de pago.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), aún se trabaja en la etapa contractual para adjudicar el contrato para la provisión de alimentos en las cárceles de Guayas.
Y adelantó que han tomado «medidas para cumplir y garantizar el servicio de alimentación» conforme a la ley. Aunque no detalló cuáles o cómo se aplicarán dichas medidas.
Mientras tanto, familiares de los reclusos continúan entregando donaciones de comida para que sea repartida al interior de las cárceles.
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Un panorama que viven los privados de libertad de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi desde el 30 de abril.
Un mes después la disputa entre la empresa y el Gobierno no se ha resuelto. Aunque la agencia penitenciaria aceptó que el martes 30 de abril se dio el último ingreso de Laffattoria, empresa de catering, a la Zona 1 para la distribución alimentaria.
Desde el 1 de mayo, esta empresa se retiró por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas. De acuerdo con Richard Villagrán, el Estado le adeuda 30 millones de dólares a su empresa. 20 millones por el servicio de desayuno escolar y 10 millones por el trabajo al interior de las prisiones.
A través de su cuenta de X, Daniel Noboa escribió que «jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado«. Incluso aseguró que desde 2015 LaFattoria S.A. ha recibido 171 millones de dólares de pago por sus servicios.
«171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales«, continúa la acusación del Primer Mandatario.
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