Presidente Noboa decreta nuevo estado de excepción focalizado en seis provincias

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción focalizado en seis provincias y un cantón por grave conmoción interna y conflicto armado. Lo hizo mediante Decreto Ejecutivo 318 firmado la tarde de este martes 2 de julio del 2024.

Las provincias en las que se aplicaría la medida son: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. La medida estará vigente durante 60 días.

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El estado de excepción restringe los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, así como el derecho a la libertad de asociación y reunión. También faculta la continuidad de la presencia policial y militar en las calles de las seis provincias y el cantón en el que rige la medida.

También dispone la requisición de bienes en caso de «extrema necesidad». El presidente Noboa argumenta que existe un incremento de delitos y presencia prolongada de grupos delictivos organizados en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro.

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Con la entrada en vigencia de este Decreto Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas en dichas provincias. El objetivo, dice el documento, es dar con los integrantes de grupos delictivos.

Respecto a la inviolabilidad de correspondencia, el Decreto Ejecutivo 318 explica que pretende la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas o misivas físicas o electrónicas. que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier integrante de un grupo armado organizado.

Con la suspensión del derecho a la libertad de reunión y asociación, las Fuerzas Armadas están facultadas a impedir cualquier tipo de concentración en espacios públicos que afecten a la seguridad y el orden público.

Este es el tercer estado de excepción focalizado que emite el presidente Noboa para que sea aprobado por la Corte Constitucional. En esta ocasión el documento tiene el aval de la Asociación Mundial de Juristas (JWA, por sus siglas en inglés).

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