Permitir compensaciones por servicios ambientales es lo que busca la pregunta 8 de la consulta popular. Desde el Gobierno aseguran que esto generará ingresos para las comunidades.
La pregunta dice:
“¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales?”
Entre abogados ambientales y ambientalistas actualmente no hay consenso sobre esta pregunta.
Andrés Martínez, abogado experto en temas ambientales, explica que la intensión de esta pregunta es entregar recursos económicos a comunidades a cambio de que conserven sus recursos ambientales. “La constitución en el artículo 74 actualmente señala que no puede existir pago por servicios ambientales”, agrega el jurista.
Por otro lado, Ivonne Yánez, fundadora del colectivo Acción Ecológica, asegura que si bien las compensaciones no están textual en la constitución, ya se encuentra regulada en el Código Orgánico Ambiental y que hay proyectos como ‘Socio Bosque’ donde actualmente se aplica. “Ya existen, se aplican y funcionan desde hace 15 años. Existen más de un millón y medio de hectáreas que están bajo esta figura”, agrega Yánez.
Se trata de un pago por no tocar los recursos ambientales existentes, dice Andrés Martínez al asegurar que la modificación del artículo desvanece una confusión que actualmente existe.
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