Un dictamen de la Corte Constitucional, del 4 de abril del 2024, dio paso a la desclasificación de la información sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio. El alto tribunal dispuso que se haga de manera inmediata o en máximo 30 días y notificó a las entidades de Gobierno el 8 de abril del 2024.
En el registro de notificación a los correos electrónicos de Ministerios como el del Interior y de Gobierno consta la fecha. Ese mismo día fueron notificados por la Corte los familiares de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas.
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Pese a eso, este 8 de mayo, el Ministerio del Interior emitió un escueto comunicado en el que indica que el plazo vence el 12 de mayo, ya que la notificación se recibió el 12 de abril. La Cartera de Estado no toma en cuenta la información que la Corte envió por correo electrónico sino únicamente un documento físico con fecha 11 de abril y con un sello del Ministerio, que acusa recibido el 12 de mayo.
Eso provocó la indignación de los familiares del equipo periodístico, quienes llevan seis años reclamando por justicia y esperando a que tres Gobiernos distintos cumplan con sus ofrecimientos.
Los familiares fueron convocados a una reunión, este 8 de mayo, por el Ministerio de Gobierno. «20 minutos antes nos cancelan», escribió en su cuenta de X Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, conductor de El Comercio asesinado.
El joven relató los periplos por acceder a la información que aún es secreta. «Una vez más nos ven la cara».
Hoy se cumple el plazo de la @CorteConstEcu para la desclasificación de la información en el caso de @nosfaltan3 y una vez más nos ven la cara. El resumen del caso hasta hoy, desde que la Corte emitiera su sentencia:
— Cris Segarra (@CrissSegarra) May 8, 2024
1. Se comunicaron con nosotros apenas el jueves pasado por pic.twitter.com/C2TBHpJBxz
El colectivo ‘Nos faltan 3’ denunció que han sido convocados a una reunión este jueves a las 15:00, pero sin su equipo legal. «Además ponen excusas para tapar lo que ya es incumplimiento a la sentencia constitucional, pues el plazo máximo para entregar la información se cumplía hoy (8 de mayo)», dice un comunicado.
El Ministerio insistió en que la información será entregada «conforme fue ordenado» dentro del plazo otorgado. Aunque no detalló cómo o dónde se realizará la desclasificación de la información del crimen perpetrado en el 2018.
El dictamen de la Corte
La Corte Constitucional dictaminó que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) deberá entregar toda la información a los familiares de las víctimas.
El máximo tribunal ordenó que se revelen las actas de las reuniones de las autoridades para tratar el secuestro de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, equipo periodístico de El Comercio secuestrado en la zona de Mataje el 26 de marzo de 2018.
La disposición incluye la desclasificación de las actas 18, de 28 de marzo de 2018; 19, de 13 de abril de 2018; y 20, de 17 de abril de 2018. Junto a ello los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Cosepe sobre el asesinato del equipo periodístico.
La Corte señaló que el secretario del Cosepe junto a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, inmediatamente o hasta en un plazo máximo de 30 días, mediante declaración juramentada, debe entregar a Ricardo Rivas, Galo Ortega y Cristhian Segarra el contenido de estas actas conforme su dictamen.
Además, el actual secretario del Cosepe, dentro de los cinco días contados a partir de la entrega de la información, debe presentar a la Corte Constitucional el respectivo informe de cumplimiento, con el detalle de la información entregada.
Finalmente, la Corte llamó la atención al Ministerio de Defensa Nacional, a la ex Secretaria Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior, por no haber presentado a la Corte la resolución de clasificación de las actas respectivas.
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