Un nutrido grupo de activistas pro derechos humanos, sindicalistas y de organizaciones femeninas y negras se congregaron este martes 7 de enero del 2024 frente a la Fiscalía del Estado, en Quito. El objetivo: exigir justicia en el caso de los 4 niños asesinados en Guayaquil tras ser detenidos por militares en diciembre del 2024.
«No queremos venganza, queremos justicia«, corearon los manifestantes en un plantón frente a la sede del Ministerio Público. En el lugar se improvisó un altar en memoria de Steven, Ismael, Josué y Saúl, los cuatro menores que desaparecieron el pasado 8 de diciembre tras ser detenidos por una patrulla militar.
En pancartas, los activistas aseguraron que los menores «eran futbolistas, no terroristas«, como han rumoreado sectores afines a las Fuerzas Armadas.
Diana Astudillo, dirigente del colectivo femenino «Lilas en acción», aseguró que el plantón frente a la Fiscalía se convocó para «exigir justicia» por varios casos de abuso de fuerza por parte de militares y policías.
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«Estamos indignadas por la desaparición y asesinato de los cuatro niños», agregó Astudillo. Además remarcó que con estos acontecimientos se demuestra, aparentemente, que «las Fuerzas Armadas y la Policía no garantizan la seguridad» en el país.
La activista rechazó las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, que criticó a los grupos de derechos humanos por tener un discurso que supuestamente desprestigia a las fuerzas de seguridad.
Astudillo criticó que sea «el Estado quien amenaza» cuando, más bien, debería ser el que ofrezca seguridad.
«Esperamos que el país despierte» ante la serie de abusos de poder cometidos por las autoridades, añadió la activista. También relató otros casos de violación de derechos humanos atribuidos a las fuerzas de seguridad.
Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda son los cuatro menores, de entre 11 y 15 años, que fueron detenidos por los militares el 8 de diciembre tras concluir una práctica de fútbol en la cancha deportiva del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
El 31 de diciembre, poco después de la audiencia en que se vinculó a 16 militares en el caso, la Fiscalía confirmó que unas osamentas calcinadas encontradas en un paraje de difícil acceso en el sector de Taura (una zona costera donde opera una base de la Fuerza Aérea), correspondía a los cuatro menores desaparecidos. EFE
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