Terminadas las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en el país, la propaganda política debe ser retirada de los sitios que fueron autorizados por el Municipio. “Así como le pagaron a la gente para que pongan las propagandas, también deberían pagarles para que las retiren”, comenta Carlos Matamoros, habitante de Guayaquil.
El director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, Javier Narváez, dijo que se han tomado los correctivos para evitar que la propaganda electoral continúe pegada en la ciudad.
Salvador Delgado, promotor político, por ejemplo, tiene un expediente abierto por no respetar las ordenanzas, al colocar propaganda en zonas regeneradas o en el puente de la Unidad Nacional. Se espera que Delgado, conocido como “Sarmiento es pueblo”, retire la publicidad.
El alcalde de Guayaquil (e), Josué Sánchez, informó que se mantiene vigente la prohibición de colocar propaganda electoral en las zonas regeneradas, pasos a desnivel y peatonales. También se incluye a barrios residenciales, entre los que se encuentran Urdesa, La Kennedy, barrio del Centenario y los inmuebles reconocidos como patrimoniales.
Los partidos y movimientos políticos que no cumplan con la ordenanza serán sancionados con una multa de 20 salarios básicos unificados, es decir USD 8000. A los candidatos también se les aplica una multa de USD 4000. Además, para los dueños de inmuebles que hayan permitido instalar centrales políticas o pintar los predios con colores alusivos a la propaganda, la sanción contemplada es de USD 2000.
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