La COVID-19 se hace muy larga, casi eterna, para los crematorios de Lima, que llevan tres meses incinerando fallecidos por la enfermedad de forma ininterrumpida, 24 horas diarias, siete días a la semana.
Pese a lo cual la acumulación de cuerpos es tan grande que la lista de espera llega a los tres días.
Protegidos de la cabeza a los pies, los denodados operarios de estos hornos son testigos de primera mano de la incidencia real de la pandemia en Perú, consolidado como uno de los epicentros del virus SARS-CoV-2 a nivel global.
Con más de 237.000 contagios, Perú está entre los diez países del mundo con más casos confirmados de la COVID-19.
Los fallecidos ya superan los 7.000, pero los registros de los crematorios apuntan a que son muchos más, sobre todo en Lima, que concentra el 60 % de los casos.
«Solo nosotros debemos estar sobre las 6.000 cremaciones de fallecidos por la COVID-19», aseguró, Roberto Gonzáles, director del Crematorio Piedrangel, uno de los más grandes de Lima.
Este crematorio tiene un convenio con el Estado para recoger e incinerar a los fallecidos por el coronavirus en la capital peruana.
Sus escalofriantes cifras parecen cuadrar con los funestos registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que revelan que, desde el inicio de la emergencia, hay más de 10.000 muertes sospechosas solo en Lima.
Solo en mayo murieron cuatro veces más personas que en el mismo mes de años precedentes.
Cremaciones aumentan en 550% por Covid-19
«Ni en la peor pesadilla pensamos que esto iba a suceder», afirmó Gonzáles, cuyo crematorio ha pasado de incinerar entre 10 y 15 cuerpos al día a tener que convertir en cenizas de 120 a 130 fallecidos diarios, un aumento del 550 %.
Esto le ha obligado a instalar raudamente cuatro hornos temporales a los tres que ya tenía en el cementerio Santa Rosa, de la Policía Nacional del Perú (PNP), y a pasar de un horario de incineración de 11:00 horas a 18:00 horas a otro de 24 horas, en tres intensos turnos de trabajo sin descanso.
El volumen de trabajo, sin embargo, sigue muy por encima de la capacidad de los crematorios, incluso después de que el Gobierno quitase en abril la obligación de incinerar a todos los que fallecían por la COVID-19 al percibir las primeras señales de colapso en los servicios funerarios.
Hasta ahora se sigue haciendo sin familiares, que se quedan sin poder despedirse de sus seres queridos.