Agobiados por una imparable pandemia del coronavirus, los ciudadanos en Perú eligen el domingo a su próximo presidente entre dos candidatos que representan los extremos, lo cual anticipa que sin importar quién gane, el país entrará en un nuevo momento de turbulencia política.
El profesor izquierdista Pedro Castillo y la exlegisladora derechista Keiko Fujimori llegan prácticamente empatados, según varias encuestas, a la segunda vuelta de una de las elecciones más reñidas en tiempos recientes.
La contienda se realizará apenas días después de que las autoridades admitieron que las muertes por el COVID-19 son casi tres veces más que lo que pensaba, y dijo que sumarían más de 184.000, una de las mayores cifras de fallecimiento en Latinoamérica, apenas por debajo de Brasil y México.
“Cualquiera de los dos la va a tener muy difícil”, dijo el politólogo Gustavo Pastor, profesor de la Universidad del Pacífico. El país enfrenta, añadió, una “polarización muy fuerte entre la extrema izquierda y la extrema derecha, resultado de la grave crisis sanitaria, económica, social y política”.
Es la primera vez que Castillo, de 51 años, disputa un balotaje, mientras que Fujimori, de 46, va por su tercer intento.
Si Castillo triunfa, enfrentará a una élite empresarial que lo mira con desconfianza y a un Congreso donde no tendrá mayoría para aprobar sus iniciativas. Fujimori podrá formar coaliciones en el Legislativo, pero tendrá que enfrentar a la oposición en la calle. “Ambos van a tener serios problemas para cumplir con sus promesas electorales”, dijo el politólogo Pastor.
Si el profesor pierde, ha dicho que volverá a la escuela en su remota aldea natal de los Andes a dictar clases a sus alumnos de primaria cuya pobreza empujó sus deseos de ser presidente.
Fujimori, por su parte, se juega la libertad. Si es derrotada, irá a los tribunales a defenderse de una acusación fiscal por la que se piden 30 años de cárcel. Es señalada de liderar un grupo criminal que lavó millones de dólares recibidos en maletines de la constructora brasileña Odebrecht, así como de los empresarios más poderosos de Perú para apoyarla en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, algo que ella niega. Si gana, su victoria es doble porque su proceso se congelará cinco años.
La candidata ha recibido constantes muestras de rechazo en los últimos años. “Es hija de un corrupto que apoya todo lo malo que hizo su padre”, dijo Mirian Ortiz, una ama de casa que a inicios de semana participó en una marcha junto a miles en su contra por las calles de Lima.
Alberto Fujimori, padre de Keiko, fue presidente entre 1990-2000. Cumple 25 años de cárcel por tres sentencias de corrupción y otra por ser el autor intelectual en el asesinato de 25 peruanos, entre ellos un niño, tiroteados por un grupo clandestino de militares financiados por su gestión.
El exmandatario también está acusado en otros dos juicios. En el primero por ser el autor intelectual del asesinato de otros seis campesinos ejecutados por el mismo grupo militar y en el segundo caso por su responsabilidad en la muerte de cinco mujeres y en las lesiones graves de 1.301 esterilizadas contra su voluntad. Keiko Fujimori ha prometido indultar a su padre si llega a la presidencia.
Todos los expresidentes peruanos de los últimos 35 años están investigados por corrupción y ligados a presuntos sobornos de Odebrecht. Entre los casos más impactantes, uno se suicidó poco antes de ser capturado y otro está detenido en Estados Unidos esperando una extradición.
Castillo y Keiko Fujimori son populistas. Ambos ofrecen aliviar la catástrofe causada por el nuevo coronavirus que, además de las muertes provocadas, en 14 meses ha afectado tanto a la gente que ahora la pobreza afecta a casi 10 millones de personas, un 30,1% de la población. La pandemia ha destapado las debilidades de un sistema económico elogiado por los ricos, pero que 86% de la población busca modificarlo, según un sondeo de mayo de la firma Ipsos.
Cientos de miles tienen dificultades para alimentar a diario a sus familias, por eso antiguas estrategias de supervivencia, como las ollas comunitarias, han retornado a la cotidianidad.
Fujimori promete otorgar varios bonos, entre ellos uno que otorga por única vez unos 2.500 dólares a cada familia con al menos una víctima por COVID-19. También asegura que repartirá el 40% de un impuesto por la extracción de minerales, petróleo o gas a familias que viven cerca de esas áreas.
La candidatura de Fujimori ha recibido el apoyo del premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, de casi la totalidad de los ricos, de los más importantes medios de comunicación, de influenciadores en redes sociales e incluso de varios jugadores de la selección peruana de fútbol.
El escritor, quien hace 31 años perdió un balotaje presidencial ante Alberto Fujimori, dejó de criticarla. En 2016 la llamaba “hija del dictador condenado por criminal y ladrón”. Ahora, la considera representante de “la libertad y el progreso” y afirma que Castillo lo es, de “la dictadura y el atraso”.
Al otro extremo, el izquierdista promete renegociar los contratos con multinacionales que extraen minerales, gas y petróleo en busca de más ingresos estatales, también asegura que cobrará deudas al fisco de poderosos grupos empresariales que suman más de 2.400 millones de dólares.
Pero su propuesta de fondo, repetida en pueblos remotos y zonas pobres de Lima, busca convocar a una asamblea para reescribir una nueva Constitución que recupere el rol empresarial del estado y otorgue una importancia privilegiada a los derechos de la salud, educación y vivienda.
Sus propuestas incomodan a la élite empresarial. “Lo que hará es que las decisiones de inversión de los capitales extranjeros se irán a otros países”, dijo a la televisora local UCI el peruano Roque Benavides, accionista de Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, ubicada en la región natal de Castillo llamada Cajamarca, la cual es a la vez una de las zonas más pobres de Perú.
Fujimori acusa a Castillo de ser comunista. Las ciudades están inundadas con paneles y frases como “protege tu trabajo y libertad, no al comunismo”. La historiadora Natalia Sobrevilla, profesora peruana de la universidad de Kent, recordó en el podcast “Jugo de caigua” que en las presidenciales de 1851, el diario “El Correo de Lima” publicó el titular “el comunismo nos invade, viene de Colombia y Ecuador y pronto no querrán que tengamos esclavos en el Perú”. La esclavitud fue abolida en Perú en 1854.
La candidata también afirma que Castillo quiere convertir al país en una versión de Venezuela. El opositor venezolano Leopoldo López llegó a Lima la semana pasada para apoyar a Fujimori y le dijo a la AP desde un hotel de lujo que “lo que le puede venir a Perú, de ganar Castillo, es tremendo”.
Fujimori y sus aliados insinúan, sin pruebas, de que Castillo tiene nexos con miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso que bañó de sangre a Perú entre 1980 y 2000. Una matanza de 16 personas hace una semana en un valle productor de cocaína atribuido por las autoridades a un grupo armado ligado a Sendero, avivó los antiguos fantasmas del siglo XX.
El politólogo peruano Gonzalo Banda dijo en el programa por internet “Islas de miércoles” que “la retórica anticomunista en la campaña está condenada al fracaso porque se olvida algo evidente, el elemento identitario, étnico, sentimental” que logró Castillo con gran parte de los excluidos.
Tras el último debate, Fujimori se reunió en una mansión colonial con una docena de políticos y empresarios ante quienes prometió, si llega a la presidencia, respetar la democracia y las libertades.
“Les pido a ustedes y a todos los peruanos una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos”, dijo Fujimori, con voz sentida, casi al borde del llanto y leyendo un papel.
Horas más tarde y al sureste, en una zona de los Andes por donde hace 240 años el líder indígena Túpac Amaru II extendió su rebelión colonial contra el rey de España, miles esperaron a Castillo quien apareció empuñando un lápiz, símbolo de su partido, del tamaño de un bate de beisbol.
Abrió los brazos mirando al sol, cantó el himno nacional de Perú y prometió a los asistentes “acabar con estos viejos políticos corruptos que lo primero que han hecho es pensar en sus bolsillos”.