Así se incrementarían las penas en 10 delitos tras consulta popular; proyecto de Ley

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió seis proyectos reformatorios a la Asamblea Nacional tras la consulta popular y referéndum. Entre ellos se establece el incremento de las penas en casi el doble de años en al menos 10 delitos.

Noboa tenía un plazo de cinco días para enviar los proyectos de seis preguntas apoyadas en el proceso democrático realizado el domingo 21 de abril del 2024. Una vez enviado, el Legislativo tiene 60 días para tramitarlos y aprobarlos.

Cinco de los proyectos enviados buscan cambiar algunos de los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y uno la Ley de Extinción de Dominio. En materia penal el Presidente propone incrementar las penas en casi el doble en los siguientes delitos:

  • Terrorismo: De 10 a 13 años de cárcel pasaría a una pena 19 a 22 años
  • Financiación de terrorismo: Tendría una sanción de hasta 26 años de cárcel. 16 años más de la pena actual
  • Producción ilícita de sustancias catalogadas a fiscalización: De 7 a 10 años pasaría a una pena de 13 a 16 años
  • Tráfico ilícito de drogas en mínima escala: la sanción máxima sería hasta 5 años, actualmente es de seis meses
  • Delincuencia organizada: incrementaría de 22 a 26 años
  • Asesinato: se sancionaría con una pena de hasta 30 años de cárcel
  • Sicariato: la pena se aumentaría a 30 años
  • Secuestro extorsivo: pasaría a sancionarse con una pena de hasta 16 años
  • Lavado de activos: con la reforma quienes incumplan deberían cumplir una pena hasta 22 años
  • Minería ilegal: sería sancionada con una pena de hasta 20 años
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María del Mar Gallegos, penalista, destaca que el Primer Mandatario incrementó las penas hasta el doble, pero señala que existen otros delitos que no se están reformando, como el homicidio. Además, detalla que también se presentó un proyecto para tipificar la tenencia y porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional como un nuevo delito.

Y otra de las reformas que dispone Noboa es que todas las armas, partes o piezas, explosivos y municiones en cadena de custodia pasen al uso inmediato de las fuerzas del orden. Para este procedimiento la Fiscalía General del Estado tiene un plazo de tres meses.

Miguel Ángel Angulo, penalista, también ratifica la importancia de tomar este tipo de medidas pues existen delitos que generan un mayor impacto en el país, como la minería ilegal que causa mayores conflictos o espacios de violencia y réditos.

El abogador explica que los proyectos deberán ser debatidos en el legislativo y solo podrán ser moduladas. «No pueden decir no, pero su pueden establecer matices en lo que propone Daniel Noboa», señala Angulo.

Esta tarde se prevé que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique los proyectos y la Asamblea deberá definir si estos proyectos van a las comisiones permanentes o si se crea una comisión multipartidista para tratarlos.

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