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Pablo Muentes, procesado en el caso Purga, seguirá en la cárcel La Roca, en Guayaquil

9 de abril de 2024
Ana Rosero

El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, procesado en el caso Purga, seguirá en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil, luego de que un juez le negara la revisión de medidas cautelares

Este martes 9 de abril de 2024, en la Corte Nacional se instaló la audiencia de revisión de medidas solicitada por el exlegislador Pablo Muentes, los jueces Reinaldo C. y Johann M., y el primo de Muentes, Fausto A.

Ellos son parte de los 12 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Purga. Aquí se investiga a una presunta red de corrupción que habría penetrado en el sistema de justicia del Guayas.

Durante la diligencia de este 9 de abril, Muentes y su primo pedían que se revoque la orden de prisión preventiva que pesa en su contra desde el pasado 5 de marzo de 2024. Con ese pedido, el exfuncionario pretendía que se le cambie la prisión preventiva por presentaciones periódicas y uso de grillete electrónico.

Sin embargo, el juez nacional, Javier de la Cadena negó los pedidos de revisión de medidas cautelares a Pablo Muentes, su primo Fausto A. y dos jueces procesados. Uno de esos magistrados imputados está con prisión y el otro con arresto domiciliario.

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Ahora, el exasambleísta seguirá cumpliendo prisión preventiva dentro del caso Purga y permanecerá encarcelado en La Roca. Muentes está recluido en esa cárcel de Guayaquil desde el 31 de marzo de 2024. Ese día fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi.

El exasambleísta fue detenido en su casa en la Isla Mocolí, un lujoso sector de Samborondón, junto a su esposa. En su poder se hallaron relojes de lujo, joyas y dinero en efectivo.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía «exasambleísta entre 2021 y 2023, a través de sus acciones reñidas con la Ley, habría controlado la administración de justicia en Guayas en beneficio de sus intereses. Sería uno de los líderes de la organización delictiva».

Relación con Mayra Salazar

Mayra Salazar, procesada y testigo protegida en el caso Metástasis, dio nombres de personas vinculadas a la corrupción en la Justicia. Relató que conoció al exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) a través del juez Johan Marfetán, quién habría sido su mano derecha. Salazar aseveró que Muentes «manejaba la mayoría de vocales del Consejo de la Judicatura«, organismo regulador de la Función Judicial en Ecuador.

Salazar dijo que el exasambleísta pagaba sus servicios en la Corte de Justicia de Guayas, como asesora de Fabiola Gallardo, de quién tenía que informar todos los movimientos. La reunión para contratatarla tuvo lugar en la casa de Muentes, en la Isla Mocolí, que funcionaba como el «centro de operaciones», según la testigo protegida.

«En esta reunión me dejaron en claro dos cosas: que debía ser mano derecha de Fabiola Gallardo, que cada movimiento se reporte a Pablo Muentes; y que contratarían mis servicios de comunicación para Fabiola Gallardo», dijo Salazar.

Muentes actualmente se encuentra detenido por el caso Purga, una investigación que se conoció a partir de la liberación de las conversaciones de Mayra Salazar con distintos actores. Según Salazar, ella trabajó para Muentes desde enero del 2022 hasta octubre del 2023, cuando se le otorgó un contrato para el Consejo de la Judicatura, hasta diciembre del 2023, cuando fue capturada. Detalló que su contrato salió directamente del entonces presidente de ese organismo, Wilman Terán, por pedido del exasambleísta.

«Mientras los vocales recibían el apoyo político de Muentes y el Partido Social Cristiano, ellos daban cuotas en el Consejo de la Judicatura», dijo Salazar. Así se procedió a la contratación de ella y de Mercedes Villareal, exdirectora de la Judicatura en Guayas.

Mayra Salazar señaló que por órdenes de Muentes, Marfetán y Gallardo, intervino activamente en el caso que interpuso el exasambleísta en contra del Banco del Pacífico.

Tráfico de tierras

En su testimonio anticipado Salazar también aseguró que el exasambleísta Muentes se dedicaba al tráfico de tierras en diferentes lugares de la Costa ecuatoriana. Según dijo, para beneficiarse el exlegislador tendría operadores en el Ministerio de Agricultura y pidió a la Fiscalía General del Estado que se realicen las investigaciones necesarias.

Recordó un caso que fue público debido a la intervención del fallecido candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él denunció públicamente a Muentes por traficar 12 hectáreas de tierras de Erick Ramírez, quién se encontraba fuera del país. Salazar contó que Muentes, por medio de sus operadores, sacó información del Registro de la Propiedad y generó un contrato de compra y venta. Las tierras las adjudicó a su primo Fausto A., que tiene tres cédulas y dos licencias, dijo Salazar.

El macrolote se fraccionó en 10 lotes en el que se asentó una asociación y, por medio de sus operadores en el Ministerio de Agricultura hace que les adjudiquen y luego les venden a los familiares de Muentes. Luego, dice Salazar, las asociaciones fueron desalojadas de forma violenta.

En ese caso, Salazar contó que una persona se encuentra privada de la libertad y otras 10 tienen boleta de captura.todas pertenecen a la «Asociación Patria Nueva. «Muentes no solo los metía presos, sino que los amedrentaba», dijo.

«El operador judicial que realizó estas 10 boletas es el doctor Ronald Cevallos, quien fue llevado al despacho de Durán para que cumpla las pretenciones de Muentes», aseveró.

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