«En este país, lamentablemente, creo que estamos acostumbrados a las injerencias del poder político en la Administración de Justicia. Esta es una constante en nuestro sistema», dijo Pablo Encalada, penalista, sobre la denuncia de la jueza Nubia Vera contra el Presidente del Consejo de la Judicatura.
«El tema de fondo que resolvía la jueza es un tema netamente político, tenía que ver con la permanencia o no de la vicepresidenta. Y entonces, en ese caso, no hay forma de separar lo jurídico de lo político», añadió Encalada este jueves 26 de diciembre en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.
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Encalada analizó todo lo ocurrido con la denuncia de la jueza Nubia Vera, quien denunció amenazas y presiones para influir en su fallo contra la vicepresidenta Verónica Abad. Según la jueza, el 17 de diciembre recibió en su despacho al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, al director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, y al asesor del presidente de la Judicatura, Jorge Carrillo.
Encalada sostuvo: «ella (la jueza) le está poniendo nombre y apellido. Ha tenido una posición valiente para denunciarlo. Y ella ha dicho que incluso tener en su posesión un dispositivo de memoria externa, un o flash memory, en el cual constaría ya la decisión que ella debía tomar», analizó Encalada.
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La polémica denuncia abrió algunas interrogantes. «La prueba más evidente, digamos, desde la Judicatura se está reconociendo que estuvieron presentes en el despacho el día anterior. Ahí tenemos una primera evidencia. Pero la segunda quizás tiene que ver con este dispositivo de memoria externa, porque aquí, si es que hay esos documentos, esa información, con la cual ella tenía que tomar esta sentencia, va a ser muy fácil identificar cuándo fueron creados esos documentos, dónde fueron creados», analizó.
Fue enfático en decir que la Fiscalía debería intervenir en un tema tan delicado. «Es un hecho muy grave que raya en lo delictivo. Creo que sí hay indicios para investigar un hecho delictivo sobre el cual yo supongo ya que la Fiscalía habrá iniciado. La Fiscalía tiene la obligación jurídica de iniciar de oficio cuando esta noticia del delito haya llegado de cualquier manera. Y en este caso, todos los medios de comunicación del país y redes sociales reprodujeron los dichos de la jueza», añadió.
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