Ha pasado menos de un mes desde que la periodista Karol Noroña salió del Ecuador por amenazas a su vida y otro periodista ha tenido que hacer lo mismo. Un periodista, cuya identidad ha sido mantenida en reserva, abandonó el país debido a «inminentes amenazas contra su vida«, informó la Fundación Periodistas Sin Cadenas este 24 de abril de 2023.
Según la Fundación, el periodista denunció las amenazas desde hace ocho meses a diferentes autoridades nacionales. Algunas de las instituciones que conocían del caso, dice la institución, eran la Fiscalía, el Consejo de Comunicación, el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
En un comunicado, la Fundación señaló que ninguna de las instituciones estatales que conocían de las amenazas atendieron el caso con la relevancia que merecía. Además, antes de dejar el país, el comunicador interpuso una nueva denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, dice la organización, tuvo que hacerlo «en circunstancias revictimizantes y que le sometieron a mayor vulnerabilidad y riesgo».
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La última denuncia
A pesar de que las autoridades no habrían atendido el caso durante ocho meses, la Fundación Periodistas Sin Cadenas hizo énfasis en la última denuncia que hizo el periodista antes de verse obligado a dejar el país. Este último intento por denunciar las amenazas, dice la Fundación, habría ocurrido así:
- El 13 de abril del 2023, a las 09:37, la víctima llamó a una abogada del Consejo de Comunicación para informarle sobre una reciente amenaza de muerte que recibió. La víctima le habría consultado si podía hacer la denuncia en línea porque temía salir de su vivienda, pero la abogada le dijo que no era posible. La funcionaria habría explicado que «todas las denuncias, sin importar de qué tipo fueran, se deben realizar de manera presencial».
- En la misma llamada, la abogada le recomendó a la víctima que ingresara al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. El periodista quiso conocer cómo funcionaba el mecanismo, pero solo le enviaron un documento con información resumida. El texto no habría sido suficiente para clarar sus dudas.
- La víctima hizo una segunda llamada. Esta vez a un funcionario de la Fiscalía que sugirió que pusiera una denuncia de manera presencial.
- «De forma incomprensible», dice la Fundación, «la denuncia quedó asentada como intimidación y no como amenaza de muerte, pese a la insistencia de la víctima».
- Aunque había un riesgo inminente a la vida del periodista, al momento de hacer la denuncia, una funcionaria de Fiscalía le envió a sacar una copia de su cédula y a comprar un sobre en un local afuera de la dependencia.
- Finalmente, la funcionaria le informó que esa denuncia iba a ser enviada a su localidad de origen debido a que esa ciudad había sido el escenario de los hechos.
La Fundación dice en el comunicado, que este último, es el punto más preocupante porque no se le dio la revisión que merecía ni se atendió en la dependencia más cercana. «Derivar el caso al lugar de origen de la amenaza solo traería como consecuencia mayor exposición para una víctima», explicó la Fundación.
Exigencias de los periodistas
En el comunicado, la Fundación Periodistas sin Cadenas, hace varias exigencias al Estado. En primer lugar, se solicita a la Fiscalía y al Consejo de Comunicación que «revisen sus mecanismos de atención a periodistas amenazados«. Además, se exige que «diseñen e implementen un protocolo adecuado y ajustado a normas e instrumentos internacionales».
Otro pedido es que este tipo de casos de alta vulnerabilidad sean tratados desde Quito, como se hace con los casos de crimen organizado. También se exige mayor celeridad y la implementación de programas de capacitación para el personal.
«No queremos más periodistas exiliados, obligados a decidir entre continuar haciendo periodismo o seguir con vida», sentencia la Fundación.
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La Unesco reveló la cifra de periodistas asesinados en el mundo durante el 2022https://t.co/rKPOE1H0vf pic.twitter.com/eeAH6AfanC
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