La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) criticó la actitud de la Fiscalía por apelar la sentencia que desiste de enjuiciar al informático sueco Ola Bini.
Bini, amigo del fundador de WikiLeaks Julian Assange, absuelto en un caso de acceso ilegal a sistemas informáticos.
Inredh, en un comunicado este 6 de febrero, indicó que la Sala Penal de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha llamó para este jueves a una audiencia de recurso de apelación en el caso de Ola Bini, por medios telemáticos.
Recordó que en enero del año pasado un Tribunal de Garantías Penales de la judicatura de Pichincha desistió de seguir contra Bini el proceso. El litigio llevaba cuatro años por un presunto ingreso no autorizado a sistemas informáticos de entidades públicas del país.
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Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, opinó que el recurso de apelación presentado por la Fiscalía «debería ser en el marco de la objetividad e imparcialidad» y agregó que, según ella, la apelación se ha presentado «como una forma de dilatar la situación de Bini en el país».
Según Bolaños, Bini, pese a que la justicia ha desistido del caso, continúa con medidas cautelares como la presentación periódica ante la autoridad de justicia y la prohibición de salida del país.
«Fiscalía debería actuar de forma razonada en la interposición de recursos y no por una cuestión política o de criminalización contra Ola Bini«, subrayó Bolaños.
Según Inredh, la defensa de Bini considera que, independientemente del proceso de apelación de la sentencia en primera instancia, debería cumplirse de inmediato la resolución del Tribunal que desistió del proceso para que sean levantadas todas las medidas cautelares impuestas contra el activista sueco.
El caso de Ola Bini
Bini, de 41 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Julian Assange en su embajada en Londres.
Ello llevó al arresto del australiano fundador de WikiLeaks en Reino Unido, sometido también a la petición de Estados Unidos para extraditarlo a ese país, donde enfrentaría cargos por haber filtrado información reservada que avergonzó al Gobierno de Washington.
La Fiscalía ecuatoriana había acusado a Bini por la sospecha de que el informático había accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini, que ha negado enfáticamente los cargos, criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse sustanciado en 2019, pero que se suspendió en repetidas ocasiones.
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