La Constitución no contempla la posibilidad de que un Presidente de la República llegue a juicio político por incumplimiento de funciones. El Gobierno de Daniel Noboa cree que esa es la vía que quiere tomar a Asamblea, pero no hay base legal para eso.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, planteó el escenario el miércoles 5 de junio del 2024. Dijo que, mediante el análisis al Informe a la Nación, el Legislativo busca llevar a juicio político a Noboa por incumplimiento de funciones.
Pero, como lo explica el experto en Derecho Constitucional, Gonzalo Muñoz, la Constitución solo contempla tres causales:
- Por delitos contra la seguridad del Estado.
- Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
- Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
La constitucionalista Ximena Ron coincide en esa lectura. Dice que no hay posibilidad de un juicio político más allá de las causales contempladas en el artículo 129 de la Constitución.
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Esto también lo anticipó ayer la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (correísmo), al reaccionar a las declaraciones de Torres. Además explicó que su moción para revisar el Informe a la Nación en una Comisión Especial responde a la facultad del Legislativo para analizar los informes anuales de las autoridades.
¿Tendrá algún peso el informe de la Comisión?
Muñoz dice que el efecto es solamente político y no jurídico. Hay que tomar en cuenta que el país ya está en año electoral y la campaña para las elecciones generales de 2025 arranca en enero próximo.
Daniel Noboa no ha ocultado su interés de ser candidato. Además, su movimiento ADN ya cuenta con registro en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Entre los cuestionamientos al Informe a la Nación, Veloz planteó la ineficacia del Plan Fénix y las cifras de empleo que presentó Noboa el pasado 24 de mayo del 2024.
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