Ningún policía ha sido procesado por hacer uso legítimo de la fuerza en los últimos seis meses. En ese mismo período, según Juan Zapata, ministro del Interior, 44 personas han sido abatidas por gendarmes.
La mayoría tenían antecedentes por sicariato, microtráfico, sacapintas, robo y extorsión. “Ante amenazas letales, van a seguir existiendo respuestas letales”, aseguró Zapata.
Pero, ¿qué pasará con los policías, que en el uso legítimo de la fuerza, causaron la muerte de una persona? El reglamento es claro y señala que “los servidores que causen lesión, daño o muerte a otra persona, no serán aprehendidos; ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales, mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine que existió uso legítimo e arbitrario de la fuerza”.
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Además, que “la detención de un servidor en estos casos podrá efectuarse excepcionalmente cuando el juzgador la ordene por pedido del fiscal, luego de una investigación y en el marco del debido proceso”.
En la Corte Nacional de Justicia los jueces se capacitan para el tratamiento especializado de estos casos.
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Hombre que habría robado a una mujer fue abatido por la Policía en el centro de Guayaquil. Detalles https://t.co/ist3NEITXr pic.twitter.com/cJkvVlef6f
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