Unidad Popular, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentaron, este jueves 18 de mayo del 2023, una tercera demanda de inconstitucionalidad al decreto de la muerte cruzada en Ecuador.
Geovanni Atarihuana, director Nacional del movimiento Unidad Popular, dijo que presentan este pedido porque creen que la verdadera intención del presidente Guillermo Lasso «es gobernar por tres o cuatro meses vía decreto-ley», violentando los derechos de los ecuatorianos.
Asegura que entre los planes del Gobierno está una reforma laboral para «eliminar derechos a los trabajadores y la ejecución de reformas a la ley de hidrocarburos para facilitar la privatización». También habló de supuestas reformas a la Seguridad Social «para asaltar los fondos del IESS y aumentar la edad de jubilación». Y aseguró que si esto ocurre saldrán a las calles.
«Convocamos al pueblo ecuatoriano a resistir a este Gobierno incapaz, autoritario y corrupto en las calles; en la Corte, reclamando justicia constitucional, y, si es el caso, enfrentando las elecciones», enfatizó.
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Advierten a Lasso
Por su lado, Cristina Cachaguay, del movimiento feminista Mujeres por el Cambio, ratificó su rechazo a la activación de la muerte cruzada y llamó a las organizaciones sociales a conformar un frente electoral en beneficio del Ecuador.
«No tenemos miedo, aún sigue vigente el derecho a la movilización y a la resistencia. Militarizar Quito y otras provincias no nos va a detener. Estamos vigilantes a todos los decretos. Vamos a defender los derechos en las calles pero también nos vamos a preparar», sostuvo.
Cachaguay llamó a las organizaciones sociales, indígenas, a los jóvenes y a las mujeres a unir esfuerzos para «crear una propuesta política del pueblo y para el pueblo» frente a las próximas elecciones, que se realizarían el 20 de agosto del 2023.
En rueda de prensa, los representantes del FUT rechazaron el decreto de la muerte cruzada y señalaron que no permitirán que se violenten los derechos de los trabajadores. «Si pretenden aprobar una ley laboral, a través de decreto-ley, los trabajadores nos declaramos en reunión permanente y en movilización para enfrentar estas pretensiones», advirtieron al Gobierno.
Más demandas
Vladimir Andocillas, abogado que auspicia la demanda, explicó las razones por las que dicen que el Decreto 741 es inconstitucional. El jurista dice que no cumple con los requisitos del artículo 148 de la Constitución, que habla de la muerte cruzada.
Además indica que el Presidente no justifica los elementos que lo llevan a determinar que «las actuaciones de la Asamblea fueron de graves crisis política».
Previo a esta demanda se presentaron otras dos, por parte de exasambleístas de Pachakutik y del Partido Social Cristiano (PSC). Estas serán revisadas por los magistrados de la Corte Constitucional Enrique Herrería y Leonel Escudero.
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