Ministerio de Economía y Finanzas inició una investigación interna por el pago de bonos de deuda en el denominado caso Palo Santo. Este hecho se conoció este martes 21 de mayo del 2024.
«Se han requerido informes a fin de adoptar las acciones que correspondan», señaló esa Cartera de Estado. Además, dijo que «el Ministerio de Economía y Finanzas no escoge la casa de valores en donde se realizan las transacciones con bonos del Estado, esto es potestad de cada beneficiario».
En diciembre del 2023, el Ministerio de Finanzas pagó USD 22 millones a los hermanos Bucaram Aivas en bonos del Estado, por un litigio de tierras.
Uno de los tres hermanos, pidió que el dinero sea depositado en la cuenta de una casa de valores, gerenciada por el hijo de Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas.
Este martes 21 de mayo, Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, confirmó que ningún funcionario ha sido desvinculado de su cargo por este caso.
Por su parte, el Ministerio de Finanzas dijo que realizó el pago para cumplir una sentencia emitida por un Tribunal de Los Ríos. Los jueces ordenaron el pago de esa millonaria indemnización a los hermanos Bucaram Aivas.
«El incumplimiento de sentencias constitucionales puede acarrear multas compulsivas diarias, así como la destitución d autoridades», puntualizó esa Cartera de Estado.
Sin embargo, ahora el Ministerio de Finanzas debe cumplir con la sentencia emitida por la Corte Constitucional, en abril del 2024. En ese fallo se dispone recuperar esos USD 22 millones que pagó a los hermanos a través de bonos internos del Estado.
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura inició un proceso disciplinario contra dos jueces de Los Ríos, que ordenaron una millonaria indemnización a favor de los tres hermanos. El sumario que inició el Consejo de la Judicatura es contra los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, Lenin G. y Julio A.
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En sentencia de la Corte Constitucional, de abril del 2024, se declaró que ambos jueces incurrieron en un error inexcusable al desnaturalizar la garantía jurisdiccional de un habeas data al haber declarado la propiedad de un bien inmueble.
Según la Corte Constitucional, «la desnaturalización de la garantía constituyó un error judicial grave que generó un daño significativo a la administración de justicia y a terceros«. Por eso, se decidió notificar con esta declaratoria jurisdiccional previa a la Judicatura para que inicie un proceso disciplinario.
El error inexcusables se considera una falta gravísima, que se sanciona con la destitución de los funcionarios judiciales, según el artículo 109 del Código de la Función Judicial.
Además, la Corte Constitucional pidió que se remita este caso a la Fiscalía General para que abra una investigación y determine si los juzgadores cometieron o no el delito de prevaricato.
Teleamazonas conoció que Fiscalía habría abierto una investigación por presunto presunto prevaricato contra los jueces de primer y segundo nivel, que fallaron a favor de los hermanos.
A través de un habeas data, los hermanos Bucaram Aivas recuperaron unos terrenos que habrían sido arrebatados a su familia en los años 80, en el Golfo de Guayaquil. Ellos consiguieron que el Estado les pague una indemnización de 22,2 millones de dólares. El pago se hizo en bonos de deuda porque no había liquidez.
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