La actividad minera en la provincia de Napo ocasiona serios problemas de contaminación, sociales y afectación directa a una de las actividades referentes de esta provincia amazónica: el turismo. Sucede, sobre todo, en comunidades de los cantones de Tena y Arosemena Tola, donde sus huéspedes cuentan el problema con preocupación.
Saúl Vargas, habitante de Ahuano, dice que los visitantes reclaman, ya que llegan al lugar por referencias de que es un sitio atractivo. “Pero llegan y ven las máquinas aquí haciendo bulla”.
El cauce de los afluentes de la zona se ha visto afectado por los grupos ilegales. Con permisos de libre aprovechamiento para obra social, estos han ocasionado grandes daños ambientales y perjuicios en gran parte de sus riveras. “Aquí entraba un brazo del río y lo secaron. Todas la familias que viven ahí se quedaron sin agua”, dice Francisco Rodríguez, servidor de turismo.
El desvío del cauce del río Napo es constante. En la zona se puede ver cómo la maquinaria extrae material pétreo. Dicen que es una concesionaria que trabaja para el gobierno provincial, en obras importantes, pero se conoce que en la noche existe otro tipo de actividad en la playa. Manuel (nombre protegido) contó que en la zona había guantas, capibaras y nutrias, pero ya no se ven por la afectación.
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‘No es solución futurista’
Saúl nació en la zona y ha dedicado gran parte de su vida a trabajar como canoero en turismo. Con tristeza cuenta que ha visto cómo la geografía del río Napo cambió por causas externas. Además detalla que la pesca, que era una fuente de alimento seguro, hoy es una realidad que ha sufrido grandes cambios. “Sabíamos comer, ahora ya no, por esos químicos que botan”.
La minería, dice, no es una solución futurista. Sostiene que quienes apoyan esta actividad piensan en el presente, pero no en el futuro. En las parroquias Misahuallí, Ahuano y Chontapunta existen reconocidos Lodge, que sienten los estragos de la minería ilegal, les resta visitas y representa pérdidas para ellos. Se trata de un corredor ecológico amenazado por la actividad ilícita, sin impedimento ni control.
«Venir aquí después de cruzar todo el océano para disfrutar de la selva, los animales y la naturaleza; y encontrarte con esta maquinaria a mí me rompe el corazón y me entran las ganas de llorar, dice la turista internacional Laura Pérez.
Solo en el cantón Tena, donde se lleva adelante la operación de explotación minera, el número de comunidades afectadas supera las 15. Pese a los intentos de los afectados, hasta este martes 17 de enero del 2023 no ha existido ningún tipo de control o sanción por la actividad. Esto, a diferencia del operativo Manatí, ejecutado en febrero de 2022, que dejó más de un centenar de maquinaria incautada.
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