La empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) y su filial Minera Panamá SA (MPSA) iniciaron un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje. Lo hicieron luego de que la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional el contrato para explotar cobre en este país. En Panamá se encuentra la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica.
La empresa tenía un acuerdo de concesión que el Gobierno de Panamá firmó a principios de este año, informaron este viernes 1 de diciembre del 2023. El acuerdo de arbitraje establece que el mismo se llevará a cabo en Miami, Florida.
La misiva agrega que el 14 de noviembre pasado, First Quantum presentó ante el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá una notificación de intención de iniciar un arbitraje. El objetivo era «hacer cumplir sus derechos». El aviso de intención facilita las consultas entre el gobierno de Panamá y Minera Panamá S.A. (MPSA) para evitar la necesidad de presentar dicho arbitraje.
Cobre Panamá es una inversión de 10 000 millones de dólares, según FQM. Es la única explotación de este mineral del país centroamericano. Para 2022 se ubicó como la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).
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En los primeros 9 meses de 2023, la mina produjo alrededor de 268 000 toneladas de cobre contenido en concentrados. Esta cifra representa el 2 % de la producción mundial, indicó ICSG.
Federico Alfaro, quien el jueves renunció al cargo de ministro de Comercio e Industria y fue quien negoció el contrato declarado inconstitucional, dijo meses atrás que Panamá se exponía a demandas por hasta 100.000 millones de dólares dado el conflicto minero. Analistas locales han reducido esta cifra a entre 15.000 y 18.000 millones de dólares e incluso menos.
La mina está en «estado de preservación y mantenimiento»
La mina se encuentra desde el pasado 23 de noviembre en «estado de preservación y mantenimiento seguro», según indicó la empresa canadiense en una comunicación interna. Allí también informa sobre la suspensión de contratos de unos 7.000 trabajadores.
Esas medidas son consecuencia «de los actos criminales» contra la mina en el marco de las protestas nacionales antiminería desarrolladas en el último mes en Panamá, dijo la empresa canadiense.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada Minera Panamá. Según el fallo judicial este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno y el Parlamento infringía 25 artículos de la Constitución del país.