Los siete soldados acusados de violar a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro) aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo.
Seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, informó este jueves el fiscal general, Francisco Barbosa.
La niña de 12 años habría sido secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia por siete uniformados del Batallón San Mateo.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo pública la denuncia en la mañana del miércoles en un comunicado.
Asimismo, el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena.
IRÁN A LA CÁRCEL
El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, decidió enviar a prisión a los militares involucrados.
Esta medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.
Ante lo ocurrido,el presidente, Iván Duque, manifestó que va a «enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia».
De igual manera, agregó que si toca «inaugurar la cadena perpetua» aprobada la semana pasada en el Congreso con este caso, se hará.
No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena. He dado orden a @mindefensa apoyar diligentemente investigaciones de @FiscaliaCol
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 24, 2020
El Senado de Colombia aprobó la prisión perpetua para los violadores de niños, iniciativa que reforma el artículo 34 de la Constitución.
PETICIÓN DE LA DEFENSORÍA
La Defensoría pidió al Ejército y al Ministerio de Defensa que «hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho».
El mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante a la que pertenece la unidad militar involucrada, recalcó que desde que conocieron la información tomaron los «protocolos correspondientes» para que se lleve «a feliz término» la investigación.
Los involucrados en este caso, reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio, fueron relevados de sus servicios.