Un convenio regional será el mecanismo con el que la ONG Ayuda en Acción atenderá a más de 7 000 migrantes en la región. Los beneficiarios son migrantes venezolanos que se encuentran en Ecuador, Perú y Colombia, detalló la entidad este miércoles 19 de junio del 2024.
El Convenio busca mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes y refugiadas y la población de acogida. Lo harán a través de un modelo multidimensional de atención integral de tres ejes: integración económica, protección y cohesión social, y cultura de paz.
Estefanía Gómez, coordinadora del proyecto de Ayuda en Acción, destaca que en los siguientes años se espera fortalecer más de 580 emprendimientos a través de procesos formativos y potenciadores. Estos emprendimientos además de ser fortalecidos tendrán un enfoque de sostenibilidad ambiental y serán sostenibles en el tiempo.
Por su parte, Cristina Lippi Ibáñez de Aldecoa, jefa adjunta de ONGD de AECID, sostiene que los convenios permiten tener mayor impacto social, económico y estratégico en la población vulnerable.
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El grupo objetivo comprende personas de 18 a 55 años de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana, ubicadas en Colombia, Ecuador y Perú. También se atenderá a personas de 20 a 55 años de las comunidades de acogida, quienes pueden tener percepciones negativas sobre el aporte de las personas migrantes o refugiadas venezolanas a su comunidad y enfrentan problemáticas similares.
Se espera que llegue a más de 7.000 personas, de las cuales el 70% serán inmigrantes y/o refugiados venezolanos y el 30% de acogida. Al tener un enfoque sólido en género se espera que el Convenio llegue al 65% de mujeres del total de personas beneficiarias.
Aun cuando el contexto es diferente en cada país de acogida, las necesidades de la población venezolana son las mismas. A nivel subregional en el año 2023, la integración, salud, y protección siguen siendo las necesidades mayormente insatisfechas con 58,3%, 52,3% y 52%, respectivamente.
En 2024, Ecuador acoge a medio millón de refugiados y migrantes de Venezuela y se calcula que más del 70% están en situación irregular, generando que el acceso a los servicios y al mercado laboral formal cause vulnerabilidad con riesgos de protección y la limitación de la integración socioeconómica
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