Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional enviaron al presidente Daniel Noboa los manuales actualizados para el uso progresivo de la fuerza. Así lo confirmó el comandante general de Policía, Víctor Zárate, en una rueda de prensa del Bloque de Seguridad, este martes 03 de septiembre del 2024.
De acuerdo con Zárate, «se ha cumplido con la actualización de los manuales operativos, se ha enviado y estamos esperando la aprobación«. El jefe policial apuntó que hay cinco reformas puntuales «para dar garantías a los servidores policiales en el cumplimiento de su deber».
Explicó que antes la estructura del manual era piramidal, es decir que primero debían agotarse todos los recursos hasta llegar, en última instancia, al uso de fuerza potencialmente letal.
Con las reformas, el nuevo manual aplica una estructura circular. De este modo en cualquier uniformado podrá hacer uso de fuerza potencialmente letal o intencionalmente letal sin necesidad de agotar otros recursos.
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Aunque especificó que cada uniformado será responsable de evaluar la escena y determinar el nivel de fuerza que se requiere. «Si hay una amenaza letal para la vida de terceros y del servidor policial, tendría que hacer uso de la fuerza potencialmente o intencionalmente letal«, dijo Zárate.
Asimismo, Zárate dijo que intentan llegar a un acuerdo con el Consejo de la Judicatura para «que se tenga jueces propios que conozcan labores de Policía y de Fuerzas Armadas para que puedan juzgar de una manera imparcial«, adelantó.
Por su parte el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Jaime Vela, añadió que la actualización permite que la planificación de las operaciones militares «estén articuladas con las normas de comportamiento y reglas de enfrentamiento» del personal.
Recalcó que el uso de armas letales de dotación será en casos de peligro inminente. Y añadió que cuando se ejecuten los controles militares en la vía y un vehículo sea utilizado como arma para esquivar dicha intervención, el uso del arma de los uniformados será permitido.
La actualización se da luego de que el presidente Daniel Noboa lo ordenara a través de un Decreto Ejecutivo. El plazo fijado fue de cinco días que vencieron el 30 de agosto.
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