“Lo que ha manifestado la ciudadanía a través de la consulta popular y referéndum debemos preservar y proteger”, dijo la asambleísta Lucía Posso, vicepresidenta de la comisión multipartidista, que se creó en la Asamblea para tratar los proyectos de ley que surgieron de la consulta popular.
“No es el momento de incorporar absolutamente nada, que no tenga que ver con las preguntas establecidas en la consulta y referéndum”, indicó Posso, este martes 28 de mayo del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.
Esta comisión multipartidista deberá cumplir con la elaboración y aprobación de cinco proyectos enviados por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Las reformas legales establecidas en las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 de la consulta popular, aprobadas durante las votaciones del pasado 21 de abril, deben ser tramitadas por la Asamblea Nacional en un plazo de 60 días. Ese plazo está en marcha desde que el 13 de mayo pasado, que llegaron las propuestas al Legislativo.
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“Todas las preguntas son importantes. No hay una prioridad de la primera o la última. Todas deben tratarse en el mismo plazo y en el mismo tiempo, pues tienen la misma relevancia”, señaló la asambleísta Lucía Posso.
Aumento de penas
La pregunta sobre el incremento de penas, para delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado, fue aprobado con el 67,34% en la consulta y referéndum.
Estos delitos son: delincuencia organizada, terrorismo, financiación para el terrorismo, asesinato, sicariato, trata de personas, producción de drogas, tráfico de drogas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.
Se plantea incrementar, por ejemplo, los años de cárcel en los casos de delincuencia organizada y financiación para el terrorismo de 10 años hasta 26 años. En cambio, el tráfico de drogas a gran escala de 13 a 26 años de prisión.
Posso se refirió a las propuestas de incremento de penas planteada por el Ejecutivo. «No estoy en contra de lo que ha planteado el Presidente de la República. En algunos casos se triplican las penas«.
La asambleísta cree que «es una oportunidad que tenemos como ecuatorianos, a través de estas normas y reformas, para tener una posibilidad disuasiva en el cometimiento del delito«.
Por otra parte, Posso señala que «debe haber una dosimetría de las penas para no recaer en ninguna inconstitucionalidad. El artículo 76 de la Constitución habla de la proporcionalidad y de la igualdad de la penas«.
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