Una vez que el dictamen de la Corte Constitucional se entregue a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, esta se encargará de verificar que las pruebas estén atadas al informe emitido por la Corte. Así lo sostuvo Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos.
En entrevista para Teleamazonas, de este viernes 31 de marzo de 2023, Rivas resaltó que tanto los interpelantes como el presidente Guillermo Lasso deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo, basadas en la única acusación admitida por la Corte. El organismo dio paso al trámite de juicio político por el presunto delito de peculado, pero inadmitió dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión.
Rivas indicó que la Comisión legislativa tendrá un plazo de 30 días para llevar adelante el proceso. En los primeros 10 días recibirá las pruebas de ambas partes. En los siguientes 10 deberá verificarlas. Y en los últimos 10 tendrá que emitir un informe en el que recomienda o no el juicio político al Primer Mandatario.
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El informe de motivación que elabore la Comisión de Fiscalización deberá contar con el voto de la mayoría para que sea aprobado, señaló Rivas.
De no haber los votos suficientes dentro de la Comisión para decidir si se da paso o no al juicio político, Rivas considera que será el Pleno del Legislativo el que decida. Aunque resaltó que no existe un lineamiento legal claro que determine estas acciones.
En el caso de que se recomiende no iniciar el juicio político el caso quedará archivado y si pasa lo contrario se notificará al Presidente el inicio del proceso en su contra, señaló Rivas.
Con relación al cambio de autoridades que se acerca en la Asamblea, la Presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos considera que para entonces la Comisión de Fiscalización ya debería haber evacuado el trámite, por lo que no existiría mayor problema al interior del Legislativo.
¿Muerte cruzada?
Rivas sostuvo que el presidente Guillermo Lasso puede notificar la disolución de la Asamblea Nacional únicamente con un Decreto. Esto, siempre y cuando esté bajo las causales establecidas en la Constitución.
De las tres causales para llegar a la muerte cruzada hay quienes consideran a la obstaculización del Plan Nacional de Desarrollo como las más adecuada, dijo Rivas. Sin embargo, para la Presidenta del Instituto no procedería porque en la Asamblea hay más de 45 leyes aprobadas. «Significa que han trabajado de la mano del Ejecutivo», sostuvo.
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