La noticia del hallazgo de seis iguanas doradas y 86 tortugas, en sacos de yute en el interior del yate de turismo Xavier III que se dirigía de Galápagos a Guayaquil, dio al vuelta al mundo. La operación fue ejecutada por el Comando de Guardacostas de la Fuerza Naval de Ecuador el 25 de junio del 2022 y dejó seis detenidos.
Pero tres meses después la Unidad Judicial Penal de Santa Elena dejó en libertad a tres de los seis inculpados.
En la audiencia llevada a cabo el 28 de septiembre del 2022 en el cantón Libertad, provincia de Santa Elena, la Fiscalía acusó a Víctor Daniel L., Federico Melinton D. y Robin Fernando O. por el delito tipificado en el art. 247 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Sin embargo, la Unidad Judicial Penal de Santa Elena consideró que «la Fiscalía no llegó a demostrar que los señores hayan tenido conocimiento de las especies en mención».
Los seis detenidos en la operación ejecutada el 25 de junio por la Armada, a 30 millas náuticas de la Puntilla de Santa Elena, se encontraban en dos embarcaciones. Los militares reportaron que el yate Xavier III era remolcado por la gabarra Tania II. Los tripulantes de esta última habían sido procesados por su presunta complicidad en el delito.
El COIP sanciona con 1 a 3 años de cárcel a la “persona que cace, pesque, tale, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, provea, maltrate, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies listadas como protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado”.
Hugo Echeverría, abogado ambiental, cuestiona que en Ecuador «tenemos una ley leve para un problema que es grave”: el tráfico de especies protegidas. En Perú y Colombia las sanciones contemplan 10 años de cárcel. En Ecuador, la pena máxima es 3 años.
De hecho, dice Echeverría, “en nuestro país que se ufana de ser protector de los derechos de la naturaleza” la legislación “penal establece varias medidas procesales que favorecen a las personas que están procesadas por estos delitos. Por ejemplo, establecen medidas cautelares, establecen procedimientos abreviados que derivan en la imposición de penas mínimas”.
