Ley Lavado de Activos: Corte Constitucional le da la razón a la Asamblea ante pedido de Noboa

La Corte Constitucional puso fin a una de las pugnas protagonizadas por el Ejecutivo y el Legislativo. Este 28 de agosto de 2024, esa entidad negó el pedido presentado por el presidente Daniel Noboa tras la publicación de la Ley para la Prevención del Lavado de Activos.

En su dictamen, la Corte Constitucional señala que se trata de una norma que ya forma parte del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no es susceptible de control preventivo de constitucionalidad.

El problema por esta ley surgió después del anuncio de la Asamblea sobre el envío al Registro Oficial ya que no existía un pronunciamiento del Ejecutivo. La Asamblea señaló que el plazo para el veto era el 24 de julio.

Sin embargo, el presidente Daniel Noboa envió su objeción un día después de ese plazo y el Legislativo argumentó que no era válido. Por eso, la Secretaría  Jurídica de la Presidencia recurrió al máximo órgano de interpretación constitucional.

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“Ante la presentación de una objeción por inconstitucionalidad […] correspondía a la Asamblea Nacional […] remitir a la Corte Constitucional […] por el contrario se ha limitado a desconocer arbitrariamente la facultad del Ejecutivo procediendo al envío al Registro Oficial”, argumentó la Presidencia.

En una parte de la sentencia también se lee: “no es posible para esta Corte ejercer un control previo de constitucionalidad sobre el artículo 20 y la disposición general cuarta del proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos, pues el procedimiento de formación de la ley ha concluido con su publicación en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial”.

La Asamblea se pronunció esta noche. Señaló que “la ley está para respetarse”. También manifestó en un comunicado que la Corte Ha confirmado la legalidad de lo actuado por el Legislativo, negando la pretensión de la Secretaría Jurídica de la Función Ejecutiva.

Sin embargo, también apuntó contra el Ejecutivo. En el comunicado se lee: “El país no puede seguir cometiendo errores administrativos que entorpecen el buen funcionamiento del aparato público”.

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