El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tildó de «burla» un informe de la Defensoría del Pueblo que le atribuye supuestos delitos de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019 contra unos ajustes económicos, que dejaron unos seis muertos y decenas de heridos.
Moreno dijo este miércoles que le preocupaba que el informe haya salido en plena campaña electoral para la segunda ronda de los comicios presidenciales del 11 de abril y dijo conocer que la administración de justicia trabaja, más bien, para sancionar a quienes generaron actos de violencia durante esas manifestaciones.
«Manipulación electoral»
«Lamentamos que ese informe sea una manipulación electoral de algo que debió haber sido una búsqueda equilibrada de esclarecer lo que sucedió», señaló el mandatario, quien el martes fue incluido en una lista de altos cargos del Gobierno para los que la Defensoría ha pedido medidas cautelares y su arraigo en el país.
El informe, según Moreno, debió haber sido elaborado en tres meses pero «tardó más de 500 días», lo que para él «se trata de una maniobra calculada para coincidir con las elecciones; no con la verdad, no con la justicia, sino con las elecciones».
«Un informe de la verdad debería recoger lo que todos, absolutamente todos miramos y vivimos en octubre de 2019», añadió el gobernante, que considera que aquellas protestas sociales fueron un «intento de golpe de Estado» organizado por sus adversarios políticos.
Graves violaciones
Encabezadas por el movimiento indígena y con la presencia activa de militantes del grupo político afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), las protestas se originaron tras un decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles.
Las manifestaciones y disturbios concluyeron con la derogación de dicha medida, que era exigida en un acuerdo crediticio por el Fondo Monetario Internacional.
Según la Defensoría, durante las protestas se denunciaron, entre los manifestantes, lesiones oculares graves, violaciones al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida y violencia sexual.
Moreno también criticó que el informe no mencione «agresiones a policías» y ataques de los manifestantes contra edificios públicos, por lo que se presentarán «los argumentos jurídicos en las instancias que correspondan».
«Sé que esas mismas instancias de la administración de justicia harán su trabajo para identificar y sancionar a los violentos», sobre todo a quienes «rociaron con gasolina a mujeres policías», entre otros delitos, agregó.
Formulación de cargos
El pronunciamiento del jefe del Estado se da un día después de que la Fiscalía del Estado justificara la demora en la atención de asistencia al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien ha solicitado que se le incluya en un sistema de protección a víctimas y testigos, tras haber recibido amenazas de muerte por el informe.
La Fiscalía aseguró que «ha sido imposible concretar las entrevistas» con los solicitantes de protección debido a «la falta de disponibilidad en sus agendas».
El martes, además de pedir que se prohíba la salida del país de Moreno y otros altos funcionarios de su Gobierno, el defensor del Pueblo instó a la Fiscalía a que, si lo considera, «formule cargos de manera urgente» y requiera a un juez de la Corte Nacional que dicte «las medidas cautelares personales previstas en la ley» contra los presuntos implicados.
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Carrión identificó como autores o encubridores de los delitos denunciados, o que puedan tener conocimiento de los mismos, a Moreno, a la exministra de Gobierno María Paula Romo, al excomandante de Policía Nelson Villegas, al exdirector de Operaciones de la Policía Patricio Carrillo, y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, entre otros.
EFE