La Fiscalía General del Estado solicitó en la audiencia de revisión de medidas cautelares instalada en la Corte Nacional de Justicia el cambio para cinco investigados por el presunto cohecho en el caso Sinohydro.
En la audiencia que se desarrolló este miércoles 20 de marzo la Fiscalía solicitó que se dicte orden de prisión preventiva en contra de María Auxiliadora P., Xavier M., y tres ciudadanos de nacionalidad china.
En esta causa también está investigado el expresidente, Lenín Moreno, quien reside en Paraguay y el juez que lleva la causa había ordenado que Moreno se presente ante una autoridad judicial en Ecuador.
Lea también
- Fiscalía vincula a tres personas más en el caso Sinohydro
- Tribunal aceptó cambio de medidas cautelares para procesados en caso Sinohydro
El expresidente estaba llamado a presentarse por primera vez en octubre de 2023. Su defensa planteó la posibilidad de hacerlo vía telemática, algo que no fue aceptado por el juez.
Moreno alegó temas médicos para no comparecer en Ecuador en dos ocasiones.
En esta audiencia de revisión de medidas, la defensa de Moreno expuso certificados de que el expresidente se presentó en la Embajada de Ecuador en Asunción. Estas pruebas fueron acogidas por el juez que lleva la causa.
Ante lo expuesto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solo solicitó el cambio de medidas con orden de prisión y pedido de difusión roja para cinco de los procesados.
La audiencia se suspendió y se reanudará el martes 27 de marzo.
¿Qué es el caso Sinohydro?
El caso Sinohydro es un presunto caso de corrupción que involucra al expresidente Lenín Moreno y varios miembros de su familia. Según la Fiscalía, en esta presunta trama de corrupción se encontró irregularidades alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. La institución dijo que la empresa a la que se le adjudicó el contrato habría pagado alrededor de 76 millones de dólares para obtener la concesión del proyecto.
La investigación de la Fiscalía apunta a que los pagos irregulares de esta empresa se hicieron a través de transferencias, cheques y dádivas. Se Indaga un presunto delito de cohecho. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que este delito se comete cuando los servidores públicos reciben o aceptan un beneficio económico indebido para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. El delito se sanciona con prisión de uno a tres años.
También en Teleamazonas
align=»center»Heridos, retenidos, vehículos incinerados… ¿Qué pasa en Palo Quemado, provincia de Cotopaxi? https://t.co/EsRyuUnVYL pic.twitter.com/r5RRs1DttA
— Teleamazonas (@teleamazonasec) March 20, 2024