Las investigaciones por los bombardeos ocurridos en Angostura en el año 2008 develaron la infiltración de organizaciones narcodelictivas en la política ecuatoriana, se advertía de los riesgos de un mal en crecimiento.
Sin embargo, las declaraciones del entonces presidente de la comisión investigadora Francisco Huerta (+), fueron minimizadas y tomadas como un ataque al Gobierno de turno.
Los años han pasado y lo que era una advertencia empezó a convertirse en una realidad reconocida incluso fuera del territorio.
El caso narcogenerales descubierto por el exembajador de Estados Unidos en Ecuador Michael Fitzpatrick hace un año, es muestra de ello, por lo que el Gobierno norteamericano retiró visas a ciudadanos ecuatorianos presuntamente vinculados con el crimen transnacional, más de 300 sólo en 2021, entre ellos altos mandos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, jueces, empresarios y funcionarios públicos.
Actualmente, el termino narcopolíticos forma parte de los discurso del Presidente Guillermo Lasso, «se ha convertido en uno de los blancos a atacar» dice, con la consulta popular que se impulsa para el 2023.
“¿Quién podría oponerse a la extradición de delincuentes que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? Los que se oponen a la consulta sin siquiera conocer las preguntas, son aquellos que instauraron la narcopolítica como forma de vida. Vamos a desmantelar las redes de la narcopolítica y el narcotráfico que se enquistó como un cáncer”, precisó el Primer Mandatario en cadena nacional.
El Gobierno habla de pruebas contundentes sobre vínculos entre el narcotráfico y candidatos a las próximas elecciones, en zonas fronterizas principalmente, información que han anunciado se dará a conocer en su momento.
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