El presidente Guillermo Lasso ha aceptado que la Fiscalía del Estado investigue a su cuñado, el empresario y banquero Danilo Carrera, salpicado por una trama de supuesta corrupción en empresas públicas y con implicados con nexos con una presunta red de narcotráfico.
La reacción del mandatario se dio luego de la filtración de unos audios a través del medio digital La Posta, en los que se escuchan las voces de generales de la Policía sobre el archivo de una investigación reservada denominada «León de Troya», enfocada en el seguimiento a una supuesta red de tráfico de drogas, en la que aparece una persona cercana al oficialismo.
Con el título «El presidente de la República no solapa a nadie», la Secretaría General de Comunicación del Gobierno publicó un pronunciamiento de respuesta.
En ese escrito, el Gobierno aseguró que el presidente Lasso «nunca ordenó que se archive investigación alguna, y menos reveló a nadie el contenido de una investigación que le hubiese sido comunicado de forma reservada».
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«Si esa investigación luego fue considerada sin méritos, en esa decisión nada tuvo que ver el presidente», agregó la Secretaría de Comunicación, tras recordar que el fiscal y juez de la causa ordenaron suspender la indagación.
Pese a ello, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que Lasso pidió a la Fiscalía que el caso fuera abierto nuevamente.
En el escrito, el Gobierno señaló que el presidente ha «solicitado la desvinculación de dos generales de las filas de la Policía», aunque no precisó sus nombres.
«El Gobierno está enfocado en continuar atendiendo las principales preocupaciones ciudadanas y en precautelar el bienestar de los ecuatorianos», indicó la Secretaría de Comunicación al concluir su escrito.
El pronunciamiento del Gobierno se dio en un momento en que la oposición parlamentaria adelanta un trámite para activar un juicio político de censura contra Lasso.
La oposición considera que Lasso supuestamente ordenó que se archive la investigación a la presunta red de narcotráfico en la que aparecía el empresario Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo y presuntamente también a Carrera, que igualmente aparece implicado en el entramado de corrupción en empresas públicas.
La Asamblea Nacional ya aprobó un informe que recomendaba realizar el juicio político a Lasso, pero el Gobierno ha calificado el informe parlamentario como un «mamotreto» que carecía de «validez jurídica» y que resultaba «un verdadero atentado a la razón y al sentido común».
La oposición ha anunciado que podría presentar la solicitud formal del juicio político contra Lasso hasta mediados de febrero, para que luego pase la revisión de la Corte Constitucional, requisito previo al inicio del proceso de censura del jefe de Estado.
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