La ONG Amazon Frontlines lanzó una campaña destinada a recabar apoyos a favor del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios en la Amazonía ecuatoriana, según informó en un comunicado emitido este lunes.
Bajo la interrogante de «¿Quiénes deben decidir el futuro de la Amazonía?», la iniciativa busca poner de relieve la situación que afrontan los pueblos amazónicos ante las intenciones del Gobierno de incrementar la producción petrolera y minera, pese a que colectivos indígenas demandaron que se declare la inconstitucionalidad de dos decretos que amparan esas prácticas extractivas.
En enero de 2022, varios colectivos entregaron a la Corte Constitucional más de 360.000 firmas de respaldo al derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el futuro de sus territorios, y obtuvieron un dictamen que generó jurisprudencia en Ecuador para que se garantice el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
«Ahora, hacemos un nuevo llamado al mundo para que se movilicen por los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza y por el futuro climático de nuestro planeta, firmando una nueva petición a la Corte Constitucional para que realice el debido control del cumplimiento de la sentencia que emitió», indicó la ONG.
Demandas contra política petrolera
La campaña exige también al máximo tribunal de garantías de Ecuador que se pronuncie «de forma inmediata» sobre las demandas de inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos 95 y 151, que corresponden a la actual política petrolera, que tiene por objetivo duplicar la producción, y la minera con el horizonte en la masificación, respectivamente.
La organización recordó que diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos demandaron la inconstitucionalidad de los dos decretos ante la Corte Constitucional, «institución que ya las admitió para análisis pero que demora en conocer el fondo de las mismas y pronunciarse».
Amazon Frontlines, que aglutina a defensores de derechos humanos y de la naturaleza, ambientalistas, colectivos originarios y científicos, censuró que, en su último informe a la nación, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificara sus intenciones de «extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo».
Y aclaró que, «para los pueblos indígenas y campesinos de la Amazonía, esta declaración es una firme amenaza sobre sus vidas, territorios, fuentes de agua y contra la naturaleza».
Exigen celeridad a la corte
«La imposición de los decretos 95 y 151 es una clara violación al derecho a consulta previa y con el pleno conocimiento de que las actividades petroleras y mineras, así como una amenaza contra la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y de la naturaleza», manifestó la abogada de Amazon Frontlines, Lina María Espinosa.
La letrada denunció que «el silencio y falta de celeridad de la Corte Constitucional favorece la arbitrariedad del Ejecutivo y la indefensión de comunidades y territorios».
Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, exhortó a la Corte Constitucional «a actuar con consciencia nacional ante una violación inminente de los derechos colectivos y derechos de la naturaleza».
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— Teleamazonas (@teleamazonasec) June 6, 2022
En tanto, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vagas, recordó que «las autoridades del mundo establecieron que se debe conservar el 80 % de los territorios de la cuenca amazónica, por eso no se puede ampliar la extracción petrolera y minera». EFE